El caso Pegasus tensiona el gobierno de Ada Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

La cuestión acumula, de momento, tres propuestas de debate. Buena culpa de ello es porque dos presidentes de grupos municipales, Elsa Artadi (Junts) y Ernest Maragall (ERC) , fueron dos de las víctimas espiadas por el programa Pegasus por ser, además de miembros del pleno barcelonés, diputados en el Parlamento catalán.

El mismo domingo, poco después de que comparecieran los responsables de Gobierno y Generalitat por el caso, el grupo municipal de ERC avanzó que pediría un pleno extraordinario monográfico para que el Ayuntamiento se posicione y pida, entre otros aspectos, la apertura de una comisión de investigación sobre el asunto en el Congreso.

El pleno, que ya está convocado, ha prosperado tras el acuerdo de ERC con BComú. Ambas formaciones han consensuado una proposición con contenido de declaración institucional que pretende, a modo de resumen, ser una clara condena al supuesto espionaje ante la «flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales» y una exigencia para que lleguen medidas urgentes. El texto se votará a primera hora, justo antes del pleno ordinario.

El concejal republicano Jordi Coronas ha destacado este miércoles «la importancia de la cuestión y por ello el hecho de que se trate con un plenario extraordinario» y se ha mostrado confiado a que de aquí al viernes otras formaciones confirmen su apoyo al texto para conseguir «una respuesta amplia y con el mayor consenso posible» ante el 'Catalan Gate'.

Por su parte la alcaldesa se ha referido al caso durante un acto celebrado este miércoles y ha sido muy tajante. "Los hechos son muy graves y, por lo tanto, no valen evasivas. Para que una democracia sea fuerte no ha de tener ningún miedo a ser transparentes", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que si se confirman los hechos deberán asumirse responsabilidades. Por todo ello, ha dicho que su formación no ha tenido "ninguna duda" en convocar el pleno extraordinario.

De momento, sin embargo, su llamamiento no ha tenido éxito. Y es que tanto Junts como el PSC prevén proposiciones propias para desmarcarse del pacto de ERC y comunes, que se abordarán ya dentro del pleno ordinario. Los neoconvergentes, por su parte, exigirán, entre otros aspectos, «una investigación efectiva y con garantías» y un plan de protección contra el espionaje digital para todos los concejales. Junts defiende presentar una proposición en paralelo al pleno extraordinario porque no quiere que «quede en una declaración política y no se tomen decisiones», y porque su voluntad es que el consistorio se involucre.

También el PSC ha presentado una proposición aparte, algo que choca teniendo en cuenta que los socialistas y los comunes forman gobierno tanto en la Moncloa como en Barcelona. Su texto busca « condenar toda forma de espionaje político que suponga una flagrante vulneración de los derechos humanos» y pedir al Gobierno del Estado que investigue el caso con la máxima celeridad y transparencia.

El resto de la oposición no ha mostrado todavía su postura al respecto, aunque ya se han escuchado algunas voces, de momento más críticas con independentismo que con el supuesto espionaje. Luz Guilarte, líder municipal de Cs, ha considerado que la cuestión es como las «historias de Mortadelo y Filemón». «Los mismos que robaron los datos de todos los catalanes para realizar una consulta ilegal no están legitimados para dar lecciones de democracia a nadie», ha asegurado.