A vueltas con la soledad del PP

A tal respecto indigna recordar que el socialista José Montilla, siendo presidente de la Generalitat, señaló al PP como «enemigo de Cataluña» (sic). Es verdad que también lo hicieron otros como Joan Ridao o Carme Forcadell, aunque lo suyo se explica dentro de la lógica fanática y discriminatoria de cualquier nacionalismo, la dialéctica amigo-enemigo de la que hablaba Carl Schmitt. Los nacionalistas siempre han sido así, en todo el mundo: necesitan un enemigo interno y otro externo para justificar su exclusivismo, su pulsión homogeneizadora, su ensimismamiento xenófobo.

En cambio, la asunción por los socialistas de esa dialéctica maniquea no se explica de ninguna manera, pues ha resultado muy contraproducente para los propios objetivos del PSC-PSOE, entre los que sin duda están la conciliación armónica entre la catalanidad y la españolidad y la preservación de la unidad constitucional de España. Pero, como catalán constitucionalista, cuando vislumbro el cordón sanitario en torno al PP que planea estos días sobre la política española no puedo por menos que recordar el ignominioso Pacto del Tinell (2003) por el que la izquierda catalana se comprometía al mismo tiempo a impulsar un nuevo Estatuto de Autonomía y a proscribir al PP en las instituciones.

A este tenor el secretario de organización del PSOE, César Luena, insistía el otro día en que no piensan hablar con el PP para pedirle que se abstenga en la investidura de Sánchez y, al mismo tiempo, ¡acusaba al PP de bloquear el acuerdo! Del excluyente Pacto del Tinell surgiría el Estatut, y a pesar de ello a algunos todavía les extraña que el partido excluido de antemano, el PP, lo recurriese ante el Tribunal Constitucional (TC), y presentan el recurso como la prueba fehaciente de que el PP es «enemigo de Cataluña». Allí empezó la matraca de la soledad del PP que hoy retumba en toda España. Ahora algunos tampoco entienden que el PP no se abstenga en la investidura de Sánchez, a pesar de que el líder socialista se niega siquiera a hablar con el PP.

El propio Pasqual Maragall reconocía en el 2005 que el veto al PP había sido un error que pudo condicionar la actitud de los populares con respecto al Estatut. «Este compromiso -el Pacto del Tinell- no nos ha hecho ningún servicio para aprobar el Estatuto», dijo Maragall. El caso es que, aun a pesar del postrer reconocimiento de Maragall, el recurso del PP ante el TC ha quedado grabado en el imaginario colectivo como un ataque a Cataluña y no como lo que en realidad fue. A saber: una impugnación legítima de una determinada manera de entender Cataluña basada en la exclusión deliberada de una parte sustancial de los catalanes y la manifiesta voluntad de ahondar en la confrontación con la manera de entender España, compartida por millones de españoles, como una nación de ciudadanos libres e iguales y no como un mosaico de naciones y regiones deslavazadas entre sí.

El PP se equivocó, es cierto, con su demagógica por innecesaria campaña de recogida de firmas por toda España contra el Estatut. Bastaba con presentar el recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Ahora bien, el Estatut acabó donde los instigadores del Pacto del Tinell querían que acabase, en el TC, que por cierto no «se lo cargó» como a menudo aseguran enfáticamente los nacionalistas, pues, en aplicación del principio de deferencia con el legislador, el TC apenas declaró inconstitucionales unos pocos artículos y se limitó a precisar la interpretación conforme a la Constitución que los jueces y tribunales deben hacer de ciertos preceptos estatutarios. Y he aquí el quid de la cuestión: el recurso del PP y la sentencia del TC han supuesto un dique de contención contra el intento de los promotores del Estatut de llevar a cabo una reforma constitucional encubierta que socavara los principios de libertad e igualdad entre ciudadanos que establece la Constitución. La última prueba de ello la hemos visto esta misma semana con la decisión del TSJC de anular, con base en la sentencia del TC sobre el Estatut, el reglamento que establecía la obligación para los empleados públicos de comunicarse entre sí exclusivamente en catalán, así como el deber de utilizar el catalán en todo momento con los ciudadanos, incluso cuando estos se expresasen en castellano.

El PP se quedó solo cuando presentó aquel recurso, al igual que cuando recurrió la Ley de Educación de Cataluña. El caso es que gracias a esos recursos nuestros derechos como ciudadanos están hoy más protegidos. Ahora, Sánchez dice que «el PP está solo» porque es incapaz de negociar con nadie, pero lo cierto es que los únicos que están dispuestos a negociar con el PSOE pero en ningún caso con el PP son aquellos que cuestionan la soberanía del pueblo español y el sistema de derechos y libertades que consagra nuestra Constitución. Soledad dichosa.