Trump y el sistema constitucional de EE.UU

Para explicar la relevancia de los efectos hay que tener en cuenta que aun cuando el texto constitucional norteamericano data del siglo XVIII (o precisamente por ello), las normas constitucionales efectivamente vigentes son la suma de la Constitución (y las diferentes Enmiendas a la misma) más la doctrina del Tribunal Suprema precisando el significado de la misma.

Esto en sí mismo no es ninguna novedad, pues no hay texto jurídico que se mantenga puro en su significado con el paso del tiempo, teniendo la jurisprudencia siempre un cierto carácter creador de nuevas reglas jurídicas. Sin embargo, este fenómeno en Estados Unidos presenta además de evidentes implicaciones jurídicas cuestiones políticas de notable trascendencia.

En efecto, aplicando la teoría de que la Constitución es un «instrumento vivo» (a living Constitution) que debe evolucionar con el tiempo, desde la década de los 50 magistrados progresistas han deducido de la Constitución tanto nuevos derechos que cuestionaban la moralidad mayoritaria de la sociedad norteamericana como una extensión de los poderes federales a expensas de la posición de los Estados de la Unión, avalando un proceso centralizador que en ocasiones se ha presentado como la antesala de un Estado providencia semejante a los de la Europa occidental.

En esta tarea el Tribunal Supremo se ha servido de una interpretación extensiva de la XIV Enmienda de la Constitución, consagrando el denominado «debido proceso sustantivo». De esta enmienda, que literalmente señala que «Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes» el Tribunal ha deducido la existencia de un derecho constitucional al aborto y al matrimonio homosexual, por ejemplo. Al mismo tiempo, se ha producido un cierto entendimiento restringido de la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado, pasando de la concepción original (prohibición de que lo político se inmiscuya en lo religioso) a una en la que se prohíbe que lo religioso sea tenido en consideración por los poderes públicos, imponiendo un laicismo más coherente con el modelo constitucional francés que con el de los padres fundadores de EEUU. Por contra, los magistrados conservadores han sostenido que estas cuestiones, especialmente divisivas en la sociedad estadounidense, deben ser dejadas a los representantes de los ciudadanos y a los parlamentos de cada Estado, pues ni la Constitución federal dice nada sobre las mismas (minimalismo constitucional: sólo deriva de la norma lo que ésta expresamente señala) ni es un Tribunal el órgano encargado de resolver las diferencias de política pública en la sociedad. Entre los magistrados conservadores el más prestigioso en el último medio siglo ha sido Antonin Scalia, recientemente fallecido y cuya plaza en el Tribunal deberá ser cubierta con un nombramiento que precisamente corresponde al nuevo Presidente. En este sentido, a lo largo de la campaña Donald Trump ha señalado en varias ocasiones que Scalia es el modelo de juez en el que se inspiraría para nombrar magistrados del Supremo en caso de llegar a la Presidencia.

Debe tenerse en cuenta, además, que dos de los magistrados progresistas cuentan con 79 (el Juez Breyer) y 83 años (la Juez Ginsburg), contando 80 el magistrado «centrista» Kennedy. De ahí que además de al sustituto de Scalia no sea descabellado pensar que Trump tenga ocasión de nombrar al menos otro magistrado para el Supremo. Esto blindaría una mayoría conservadora en el Tribunal que podría revertir parte de la jurisprudencia consecuencia del activismo judicial de las últimas décadas.

Obivamente aún es pronto para saber qué va a hacer Trump en este ámbito, y su comportamiento hasta ahora permite cuando menos albergar dudas de si cumplirá o no su palabra. Pero de lo que no hay dudas es de que el Tribunal Supremo de EEUU, cuya doctrina es estudiada en todo el mundo, inicia una nueva época.

Pablo Nuevo es Doctor en Derecho y profesor de la Universidad Abat Oliba.