Piquetes y pancartas de amenaza en la Autónoma durante la huelga contra el fallo del 25% de castellano

A primera hora de la mañana, un grupo de estudiantes han cortado los accesos al campus desde la estación de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y luego han entrado en comitiva en el campus portando bengalas de humo amarillo . «Cerramos las facultades para dejar claro que no acataremos una sentencia que lo único que quiere es acabar con nuestra lengua», apunta en un tuit el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc), junto a Ustec-Stes, Intersindical-CSC y COS , convocantes de la huelga.

En el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona, los manifestantes han colgado carteles en los accesos a la biblioteca, han plantado también sillas para impedir el paso y han desplegado pancartas.

En la Universidad de Barcelona (UB), un grupo de estudiantes ha pasado la noche en el edificio central, ubicado en la Gran Via, y ha bloqueado con contenedores el acceso al aparcamiento del edificio, al que solo dejan acceder al personal administrativo y de servicios -no a profesores ni a alumnos-.

Por otro lado, y antes de arrancar la concentración multitudinaria, convocada a las 12.30 horas en la plaza Urquinaona, una docena de manifestantes han protestado también contra el fallo del TSJC ante la sede de la Delegación del Gobierno.

La Generalitat desveló ayer su estrategia para sortear el fallo: un giro normativo en la Ley Educativa Catalana (LEC) de 2009 con el propósito, no de dar cumplimiento al porcentaje fijado por los tribunales, sino de r eforzar el catalán y el sistema de inmersión actual. En un comunicado conjunto, las entidades convocantes de la huelga de hoy han exigido el reconocimiento del catalán como lengua vehicular y han criticado que «una vez más, el Estado español usa toda la maquinaria jurídica, heredera del franquismo, para reprimir y erradicar» la lengua.

Han afirmado que la sentencia del TSJC no es algo aislado , sino que «se trata de una pieza más de una estrategia que ya viene de lejos» en varios territorios catalanohablantes de España y Francia, informa Ep. Además han criticado que la respuesta del Govern «ha demostrado no solo cobardía e incapacidad a la hora de defender la escuela en catalán, sino incluso sumisión ante las instituciones españolas que la quieren destruir».

Ejemplifican que los nuevos decretos de la conselleria de Educación «literalmente amenazan liquidar la inmersión lingüística bajo la excusa de la flexibilidad para adaptarse al ambiente social del centro», algo que, en opinión de los convocantes, es comprar el discurso españolista del bilingüismo.

Por ello, le han exigido todos los recursos para «salvar el catalán», y que «abandone el colaboracionismo» con el Estado y adopte mecanismos para defender jurídicamente los profesores que defiendan la lengua autonómica.