El fallo contra el secesionismo alienta la lucha por la legalidad en la universidad

La presión nacionalista a los rectores aumentó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y se disparó con la sentencia del procés, que llevó a los máximos órganos de los principales centros a secundar el «cierre de país» en contra del fallo, a paralizar la actividad académica, y a respaldar un manifiesto en apoyo a los presos, que los representantes de los claustros llegaron a entregar al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, en una foto que inmortalizó la complicidad entre el poder académico y el político.

Ahora, por primera vez, la justicia dice basta y condena a una de estas universidades, la UB, la de mayor peso y tradición en Cataluña, por vulnerar la «neutralidad ideológica» inherente a cualquier institución pública y atentar contra derechos fundamentales de alumnos y profesores al aprobar en su claustro un manifiesto a favor de la libertad de los presos del procés.

El fallo, que condena a la UB pero es extensible al resto de universidades públicas que aprobaron el mismo documento (con pequeños matices) en sus diferentes claustros, sienta precedente y es un «claro toque de alerta para todos los rectores» , según advierte a ABC Isabel Fernández, miembro de Universitaris per la Convivència, plataforma constitucionalista que lleva años combatiendo el «pensamiento único» en los campus catalanes y que está tras la demanda.

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona «sentará precedente, ya que abre la veda a pronunciamientos judiciales similares en caso de que las universidades incurran en lo mismo y sean denunciadas» , según indica en declaraciones a este diario el profesor Ricardo García Manrique, miembro de Universitaris per la Convivència, integrante del claustro de la UB, y uno de los firmantes de la demanda a la que responde el pronunciamiento judicial, que obliga a la universidad a asumir los costes del proceso y a publicar la sentencia durante un mes en su web.

La sentencia, con fecha de 30 de septiembre de 2020 y a la que ha tenido acceso este diario, considera que la universidad ha vulnerado el derecho a la libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos, así como el derecho a la educación de estos últimos, y estima en su integridad la demanda presentada por cuatro profesores de Universitaris per la Convivència y un estudiante, declarando la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del «Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política» , aprobado por el claustro del centro el 21 de octubre de 2019. El texto calificaba de injusta a la sentencia, exigía la libertad de los presos y cuestionaba el poder judicial. La universidad ha avanzado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apelando a la «autonomía universitaria».

La sentencia recuerda que la Universidad no es una institución de representación política y que, en tanto que institución pública, está sometida al deber de neutralidad. Este deber implica que «la Universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico». Invoca, asimismo, la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión , que es un derecho de las personas. Por otro lado, según la sentencia, el derecho a la educación también resulta vulnerado. Esto es así, según denuncia Universitaris per la Convivència, porque en el manifiesto «se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución».

Los defensores de la libertad ideológica tienen clara la estrategia que lleva desde hace décadas hilvanando el Ejecutivo catalán para hacerse con el control de los campus. «No es ninguna novedad, el polémico documento impulsado en la época de Jordi Pujol “Plan 2000 de Nacionalización” ya incluía un apartado en el que señalaba como un objetivo prioritario potenciar personalidades de ideología nacionalista en los órganos de las universidades» , recuerdan portavoces de Universitaris per la Convivència.

Los rectores han tolerado, algunos con más convencimiento que otros, las presiones nacionalistas asumiendo el hecho de que se les colocara en el bando independentista. Otros, por contra, como la rectora de la Autónoma, Margarita Arboix, o el de la UB, Joan Elías, han dado alguna tímida muestra de querer sortear esta presión.

Después de años de silencio, muchos docentes han optado por hacer frente común, junto con los estudiantes constitucionalistas, y se han plantado al dictado ideológico. Más de 800 docentes de toda España firmaron en octubre de 2019 una «carta abierta» a los rectores en la que les exigían la retirada de los comunicados unitarios a favor del «procés». Hoy, todos celebran el fallo contra la UB, que asumen como «un espaldarazo a su lucha» . El catedrático de Derecho de la UB Ricardo García, uno de los firmantes de la demanda, expresa su satisfacción por el fallo pero reconoce un «sentimiento agridulce por tener que demandar a tu propia universidad». Isabel Fernández añade: «Ya hay jurisprudencia. Las universidades se lo pensaran mucho antes de aprobar este tipo de documentos».

En un encuentro con ABC varios profesores reconocían estar «hartos de resistir en silencio». Ricardo Gómez, del departamento de Tecnología de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, admitió que hay miedo a significarse, pero cada vez menos. «Durante muchos años solo nos permitían el silencio. Ahora, no podemos callar», dijo. Para el profesor de la UB Álvaro Choi, del Departamento de Economía, «el independentismo es omnipresente en todas las instituciones». «La universidad está secuestrada por los independentistas», apuntan algunos de los docentes. Otros, prefieren matizar: «Lo que hay es un secuestro de la pluralidad ideológica».