Las muertes de inmigrantes irregulares aumentaron un 15% tras la reforma sanitaria de 2012, según estudio

El trabajo, titulado «Los efectos mortales de perder la cobertura sanitaria», lo ha desarrollado la investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF), Judit Vall , y los investigadores Arnau Juanmartí Mestres (CRES-UPF) y Guillem López Casasnovas (CRES-UPF).

El informe analiza la evolución en la mortalidad de la población que reside en España de manera irregular y de los habitantes con acceso garantizado a la sanidad entre 2009 y 2015 , y concluye que a partir de la entrada en vigor de la ley de 2012 se produjeron 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior.

El informe muestra cómo la mortalidad entre 2009 y 2012 había decrecido al mismo ritmo tanto entre la población nativa como entre los sin papeles , ha informado el Instituto de Economía de la UB .

La aprobación de la reforma en 2012 no tuvo consecuencias en la estadística para los documentados, mientras que el efecto sobre la gráfica de la población que quedó excluida de la sanidad fue inmediato, concluye el estudio.

En concreto, la mortalidad mensual de los inmigrantes irregulares durante los tres años después de la aplicación de la ley aumentó en 0.66 muertos por cada 100.000 personas, que supone un incremento promedio del 15 por ciento respecto a las ratios anteriores a 2012.

Los datos muestran también como los efectos de la reforma sanitaria van a más con el paso del tiempo, de manera que, en 2015, la mortalidad entre los sin papeles ya era un 22,6 por ciento superior a la que se registraba antes de la reforma sanitaria. Una progresión que el informe atribuye mayoritariamente a dos efectos: la interrupción de tratamientos de enfermedades mortales y la no detección precoz de enfermedades con un alto riesgo de mortalidad.

La investigación indica que la reforma sanitaria de 2012 se aprobó con la intención de «ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario» . Sin embargo, acabó restringiendo el acceso a la salud pública de los indocumentados, «cambiando así la naturaleza universal del sistema».

De hecho, un año después de la reforma, España había retirado un mínimo de 873.000 tarjetas sanitarias a personas que no habían podido certificar su residencia en España, lo que supone un 13,87 por ciento de los inmigrantes en España y un 1,86 por ciento del total de la población.

El estudio también discrimina los resultados según la edad y la nacionalidad de los afectados. La población más joven (hasta los 19 años) no se vio afectada por la reforma y, por tanto, mantuvo el acceso a la sanidad. En este sentido, el estudio demuestra que para este grupo de población la mortalidad no aumentó, lo que, según los autores del informe, evidencia que los efectos estimados son efectivamente debidos a la pérdida de acceso al sistema de salud público.

Por otra parte, el análisis por nacionalidades muestra como la mortalidad creció de manera más pronunciada para la población asiática , seguida de la población de Centro y Suramérica y, finalmente, la africana.