Rebelión autonómica contra la cobertura sanitaria del PP a los «sin papeles»

La llegada del PSOE y de otras formaciones populistas de izquierda a los gobiernos autonómicos ha alterado aún más el mapa de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Los nuevos gobiernos han empezado a mostrarse más flexibles y han relajado la normativa para permitir una mayor cobertura.

Esta rebelión ha obligado al Gobierno central a intentar frenar esta ofensiva legislativa contra su decreto presentando recursos contra los ejecutivos regionales de Cataluña, País Vasco, Navarro, Valencia, Aragón, Baleares y Cantabria.

Esta es la situación actual en la mayoría de las Comunidades:

El consejero de Sanidad, Toni Comin , ha anunciado que tramitará una ley para blindar el acceso universal a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. La nueva ley arrancará su andadura parlamentaria el próximo martes y el objetivo fundamental es que puedan entrar en los Centros de Asistencia Primaria y los hospitales «como el resto de las personas». Esta ley es un paso más en la ofensiva del Ejecutivo catalán contra las restricciones del Gobierno, ya que con anterioridad aprobó una normativa que preveía que los inmigrantes irregulares tuvieran asistencia especializada tras tres meses de empadronamiento .

Mientras esta ley empieza a tramitarse, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aceptado a trámite el recurso del Gobierno central contra esta decisión de aceptar solo el requisito de tres meses de empadronamiento.

Desde el pasado 1 de marzo funciona en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha la llamada « tarjeta humanitaria », por la que se devuelve a los inmigrantes sin papeles el derecho a recibir atención sanitaria en los hospitales y centros públicos. Todos los inmigrantes residentes en Castilla-La Mancha que se encuentran en situación irregular podrán solicitar esta tarjeta, derecho que fue aprobado por el Consejo de Gobierno regional y que «combate» el decreto de abril de 2012 del Ejecutivo de Mariano Rajoy que estableció la exclusión sanitaria para inmigrantes sin papeles.

La orden aprobada extiende la cobertura de asistencia sanitaria pública a las personas no nacidas en España que se encuentren en situación irregular y a los extranjeros empadronados en municipios de Castilla-La Mancha que carezcan de los recursos suficientes para acceder a la sanidad. La única excepción para acceder a la sanidad universal será que el servicio requerido se extienda fuera del territorio nacional o de Castilla-La Mancha, salvo en casos en que sea preciso la derivación del paciente a un centro del Sistema Nacional de Salud (SNS) porque el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no disponga de los recursos requeridos.

Para la puesta en marcha de esta medida se ha creado un registro de usuarios , con un código de carácter regional, pero los usuarios no podrán disponer de su CIF correspondiente en el SNS mientras permanezca vigente el decreto de exclusión sanitaria de ámbito nacional. De cualquier forma, esta tarjeta garantizará la atención médica y farmacológica a los inmigrantes en iguales condiciones que cualquier otro ciudadano de Castilla-La Mancha.

La tarjeta, una vez solicitada, tendrá una validez de 12 meses y su renovación se realizará previa petición del interesado con dos meses de antelación. El objetivo es conocer el nivel de pacientes que se acogen a la misma y también simplificar la renovación con la suficiente antelación.

Aún no se conoce el número exacto de personas que podrán acogerse a esta tarjeta, aunque, según dijo en su día el consejero portavoz, Nacho Hernando , se estima que serás más bajo de lo previsto, aunque irá concretándose según vaya avanzando la tramitación. La mayoría de personas no nacidas en España que residen en Castilla-La Mancha son jóvenes que requieren atención farmacológica y, según Hernando, en general serán pocos los que la soliciten , auguró el portavoz. Añadió que la orden castellano-manchega es similar a la aprobada por Cristina Cifuentes para la Comunidad de Madrid, informa María José Muñoz .

Castilla y León nunca ha dejado de prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes que llegan a la Comunidad, aunque el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado , reconoce que «no ha sido fácil» garantizar esta prestación con el cumplimiento del Real Decreto que en 2012 excluyó a las personas en situación irregular. De hecho, reconoció que de los 14.994 «sin papeles » que, en virtud de esa legislación, se quedaron sin tarjeta sanitaria en esta Comunidad, entre un 15 y un 20 por ciento ha utilizado los servicios del sistema público de salud de Castilla y León, desde la Atención Primaria a la especializada, pasando por las urgencias o las pruebas diagnósticas.

Además, apuntó que es muy difícil conocer «su evolución», si bien se tiene constancia de que el pasado año 1.281 personas en situación irregular acudieron a centros de salud y 333 a los servicios de urgencia. En cualquier caso, Sáez Aguado apuesta por la establecer unos criterios comunes entre todas las comunidades para prestar este tipo de atención, informa Montse Serrador .

En Andalucía, la atención a extranjeros no regularizados es universal. La población inmigrante sin recursos recibe un «documento de reconocimiento temporal» en los distritos de atención primaria que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. El documento fue acordado mediante convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad. Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que dejaba sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes . Actualmente, son unos 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal. La atención sanitaria a este colectivo suponen el 0,18% de las consultas de Medicina de Familia, el 0,49% de las urgencias hospitalarias y el 1,1% de los partos, informa Juan José Borrero .

Hasta la fecha se ha estado aplicando el Real Decreto de 2012. La Junta de Extremadura está ultimando un decreto para que puedan tener la tarjeta sanitaria y recibir la misma atención sanitaria que el resto de los extremeños. El consejero ya adelantó algunos criterios de este decreto: estar tres meses empadronados y que en la tarjeta sanitaria figure que es solo válida para el territorio de la Comunidad Autónoma.

En la Comunidad Valenciana el acceso a la sanidad universal para los «sin papeles» fue una de las primeras medidas que aprobó el ejecutivo autonómico de PSOE y Compromís, que gobierna con el apoyo de Podemos. La cartera de Sanidad corresponde al PSOE (la gestiona la consejera Carmen Montón, miembro del comité federal), y la tarjeta sanitaria universal era la gran apuesta social que podía rentabilizar el PSOE frente a sus socios nacionalistas, que capitalizan Bienestar Social (directamente Mónica Oltra) y Educación. Así, el pasado septiembre se aprobaba en el consejo del Gobierno autonómico el decreto que concedía la tarjeta sanitaria a cualquier persona que la solicitase en la Comunidad Valenciana, aunque no tuviera en regla el permiso de residencia.

El Ministerio de Sanidad presentó un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que la medida del Gobierno valenciano que preside Ximo Puig invadía sus competencias. El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el decreto mientras estudiaba el recurso en noviembre, pero en marzo aceptó el recurso de la Generalitat valenciana y levantó la suspensión.

El Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso del Gobierno, es decir, si la sanidad universal valenciana invade competencias estatales, pero mientras resuelve el decreto podrá aplicarse. Así, los inmigrantes en situación irregular que residan en la Comunidad Valenciana tienen derecho a la tarjeta sanitaria y, con ella, a la atención primaria en los centros de salud.

Cabe recordar que, aún sin tarjeta, cualquier persona es atendida si acude a un hospital o a un centro médico con una urgencia. En teoría, el tratamiento médico al que necesite ser sometido se factura luego a su país de origen, aunque en raras ocasiones se cobra si dicho país está fuera de la Unión Europea o no existe un acuerdo de reciprocidad en la atención sanitaria de sus respectivos nacionales, informa David Martínez Jordá .

En el País Vasco la atención sanitaria, en sus actuales condiciones, está regulada desde el 22 de julio de 2013, tal y como recogió ese día el Boletín Oficial autonómico (BOPV). En primer lugar, las personas solicitantes deben acreditar que cumplen los requisitos exigidos en el Decreto 114/2012, de 26 de junio.

Esos requisitos incluyen: estar empadronado en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma en el que tengan su domicilio habitual, por un periodo continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la asistencia sanitaria; ser persona perceptora de prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión o tener ingresos inferiores a la cuantía correspondiente a la renta básica para la inclusión y protección social de acuerdo a su normativa reguladora; no tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.

Además de cumplir dichos requisitos, se debe aportar documentación que identifique fehacientemente la identidad; declaración de sus ingresos , que deben ser inferiores a la renta básica autonómica; y certificado de empadronamiento en cualquier municipio vasco por un periodo continuado de al menos un año antes de la presentación de la solicitud.

Verificados los requisitos, si obtiene el reconocimiento, el ciudadano obtiene una tarjeta sanitaria individual, que le garantiza la asignación de un facultativo de atención primaria y le proporciona una asistencia sanitaria en iguales condiciones de calidad y con la misma extensión que la reconocida a las personas aseguradas o beneficiaria.

Distinto es el caso de aquellos que no cumplen el requisito del año de empadronamiento. El Gobierno vasco, en tal coyuntura, ofrece asistencia normalizada a las mujeres durante el embarazo , parto y post-parto, así como a los menores de 18 años . El resto son atendidos para urgencias y problemas de salud pública, mientras que quien esté fuera de estos supuestos deberá hacerse cargo del coste de la atención sanitaria, informa Pablo Pazos .

Para que un inmigrante sin documentación reglada pueda ser atendido en la sanidad gallega necesita estar censado . Así lo decidió la Xunta en verano de 2012 y de ese modo se mantiene hasta hoy. Para que este colectivo pueda contar con las mismas prestaciones que cualquier otro ciudadano, han de darse dos requisitos, con los que se obtiene la tarjeta ordinaria: estar empadronado en el municipio donde resida y que la estancia mínima sea de 183 días , es decir, unos seis meses. Además, el solicitante no puede disponer de ingresos superiores, ni en España ni en su país de origen, a los 535 euros mensuales , cifra marcada por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En Galicia superan estas exigencias unas 9.000 personas , que reciben asistencia tanto en atención primaria como en la especializada, informa Abraham Coco .

Apenas un mes después de tomar de nuevo posesión en el Gobierno, el PRC-PSOE que preside Miguel Ángel Revilla decidió devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que se la retiraron a raíz del Real Decreto de 2012 promulgado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy . Así, a mediados del pasado verano los centros sanitarios cántabros recibieron instrucciones para que los «sin papeles» en esta Comunidad Autónoma -unas 5.000 personas - reciban asistencia con los mismos derechos y prestaciones que el resto de usuarios del sistema público.

Se trata, por tanto, de una de las primeras medidas que adoptaron socialistas y regionalistas a su regreso a la sede de Peñaherbosa tras cuatro años de mandato del PP. Ya en la oposición, los populares tacharon el anuncio del bipartito de «engaño» pues, según indicaron, el Programa de Protección Social de la Salud Pública que implantó el partido de Ignacio Diego aseguraba ya el acceso, atención y gratuidad de la atención sanitaria a este colectivo, informa Rocío Fernández Ortiz.

Una de las primeras decisiones del actual gobierno, formado por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, fue revisar el sistema de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Después del decreto de 2012 del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo popular que presidía entonces Ramón Luis Valcárcel , flexibilizó la atención universal. Además de para las urgencias y las embarazadas la hizo extensiva a los enfermos crónicos con instrucción del Servicio de Salud.

En julio de 2015, el Gobierno decidió ampliar la cobertura completa a los inmigrantes que demostraran que no tenían papeles y no están adscritos a otro sistema sanitario. El principal problema que se han encontrado es que muchos de los que dicen no tener papeles, sí que los tienen.

Aragón presta asistencia sanitaria pública a los inmigrantes irregulares afincados en la región. El Gobierno del socialista Javier Lambán reimplantó ese derecho poco después de llegar al Ejecutivo regional. Esta cuestión era parte de los compromisos que el PSOE recogió en sus pactos de investidura con Podemos, la Chunta e IU .

Desde agosto, en esta región todo inmigrante irregular recibe la misma asistencia sanitaria que cualquier otro ciudadano, incluida la prestación farmacéutica. El requisito es que lleve al menos tres meses empadronado y con residencia efectiva en Aragón, informa Roberto Pérez .

El Gobierno de Canarias devolvió en diciembre la asistencia sanitaria en todos los niveles a los inmigrantes que quedaron excluidos hace tres años de esta prestación.

El ejecutivo ha estimado que entre 7.500 y 10.000 inmigrantes irregulares se beneficiarán de esta medida, que vuelve a establecer la cobertura universal de la sanidad pública en la comunidad autónoma.

El compromiso fue asumido por el Gobierno regional que forman CC y el PSOE como una medida «de justicia , de humanidad y de salud pública» y no ha querido precisar el coste económico que supondrá porque lo importante «no es lo que va a costar, sino lo que se va ahorrar», informa Bernardo Sagastume .

Los inmigrantes en situación irregular son atendidos por el sistema sanitario de La Rioja, para lo que se requiere, en cuanto a residencia, que lleven empadronados más de tres meses en algún municipio de la región y, respecto a sus ingresos, que carezcan de recursos económicos suficientes (inferiores a 500 euros mensuales). De esta forma, los extranjeros no registrados ni autorizados son admitidos en Atención Primaria y, en caso de ser necesario, derivados al especialista.

Es así desde el 7 de octubre de 2015, cuando el Gobierno riojano firmó un convenio con Cruz Roja y Cáritas (las dos principales organizaciones que se dedican a la atención a inmigrantes en situación irregular en La Rioja). Con anterioridad a esta fecha se presentó el mismo acuerdo a los profesionales sanitarios para que manifestaran sus alegaciones y se asumió el compromiso de reforzar la atención sanitaria en aquellos lugares donde pudieran darse desequilibrios importantes .

Con ello, las personas en situación de irregularidad quedan integradas en los mismos cupos de médicos de Atención Primaria que el resto de ciudadanos. Actualmente, la Consejería de Salud considera que la situación en esta cuestión está plenamente normalizada. Las personas atendidas en situación irregular en La Rioja en virtud del nuevo convenio son aproximadamente 200, informa Sonia Barrado .

El Gobierno de Navarra, por orden foral, garantiza la atención sanitaria gratuita a inmigrantes. De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por el Departamento de Salud fue el envío de una circular a todos los centros de salud en la que se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a todos los residentes en Navarra, cuyo procedimiento de acceso lo gestionarán los trabajadores sociales de cada centro.

La circular remitida a los centros de salud recuerda asimismo que en ningún caso se emitirán facturas ni prefacturas por la asistencia a ningún paciente que resida o pretenda residir de manera estable en el país y carezca de sistema de cobertura sanitaria. El único requisito establecido por la ley navarra es demostrar la residencia efectiva en la Comunidad Foral , para lo que se solicitará un certificado de empadronamiento, contrato de arrendamiento, u otros documentos oficiales, como la inscripción en colegios para menores de edad o un informe del trabajador/a social en el que se afirme que la persona vive en Navarra, informa Pablo Ojer .

En Baleares, el nuevo Ejecutivo liderado por Francina Armengol (PSOE y Mès) incluyó en el sistema de salud pública balear el pasado 17 de julio a unos 15.000 extranjeros que residen irregularmente en las islas. Estos tendrán una tarjeta identificativa con la que podrán recibir asistencia médica y farmacéutica de manera gratuita en el sistema de salud pública. De este modo, el Gobierno autonómico intenta rectificar la decisión –que acató– del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Ahora los inmigrantes que soliciten ser incluidos en el sistema público deberán efectuar una declaración jurada sobre su situación y falta de recursos. Serán integrados en el sistema informático sanitario y tendrán un documento válido para la comunidad de Baleares durante un año, que será renovable.

Al igual que la comunidad andaluza, Asturias mostró desde el primer momento su oposición al Real Decreto-Ley 16/2012 y anunció que atendería a los inmigrantes irregulares a través del servicio público de salud aunque carecieran de tarjeta, incluidas consultas con especialistas.

Se estableció así un procedimiento administrativo para inscribir a las personas extranjeras sin recursos económicos empadronadas en Asturias en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES).

Este procedimiento contempla que toda persona extranjera sin recursos que resida en el Principado y lo solicite, independientemente de su situación administrativa, se incorpore a la base de datos para que se le asigne un centro de salud y un médico de referencia, de manera que se le garantice el acceso a los servicios sanitarios autonómicos. En la actualidad hay 1.368 personas dadas de alta en Sipres como extranjeros sin recursos en situación administrativa irregular.

Además, el Servicio de Salud articuló en colaboración con Cruz Roja un procedimiento para permitir a estos colectivos acceder a la prestación farmacéutica en condiciones semejantes a la población general.

La Comunidad de Madrid no fue de las comunidades que se rebeló contra el decreto, pero sí añadió algunos supuestos más en los que los inmigrantes tienen derecha atención: los solicitantes de asilo y las víctimas de trata cuya estancia temporal en España haya sido autorizada; los pacientes de enfermedades infectocontagiosas; y las personas con enfermedades crónicas cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto de 2012 (estos últimos sin derecho a la prescripción de medicamentos).

Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se plantea crear un documento específico –y « diferente» de la tradicional tarjeta– para dar cobertura completa a los inmigrantes en situación irregular, que podrán acceder a la atención primaria y especializada dentro de la región.

Es más, Cifuentes ordenó a todos los gerentes de hospitales y directores de centros de salud de la región prestar atención sanitaria a los inmigrantes «con o sin documentación» de forma inmediata.