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La AEB denuncia el incumplimiento de las medidas lingüísticas en la Selectividad catalana

La organización ha pedido terminar con el sistema de elección de idioma que sigue favoreciendo el catalán y solo crea «confusión» sobre los derechos de los alumnos

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Varios estudiantes se examinan en la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona EFE

Ariadna Mañé

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado al Consejo Interuniversitario de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la «voluntad de desacato» de las medidas cautelares sobre la elección del idioma con el que se pueden realizar los exámenes que no sean de lengua en la Selectividad de Cataluña. La plataforma ha recibido testimonios que explican que al ofrecer elegir la lengua se han formulado preguntas que «dotan de preferencia a la elección del idioma catalán sobre otros», como «¿te va bien recibir el examen en catalán?».

El escrito presentado ante el tribunal también denuncia la creación de listas en las que consta el nombre del alumno junto al idioma en el que ha decidido hacer el examen. Este sistema «crea confusión», afirma la AEB, sobre el derecho que tiene el alumno de elegir el idioma para cada examen de forma individual , sin tener que hacerlos todos en el señalado el primer día de las PAU.

La sentencia emitida el pasado 7 de junio por el TSJC estableció que «se ofrecerá de forma individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que estime » en lugar de como se venía haciendo hasta ahora de repartir primero los exámenes en catalán y repartir la versión en castellano o aranés solamente a aquellos que lo pidieran.

Por todo ello, la AEB ha pedido la comparecencia ante el tribunal de la Presidenta del Consejo Interuniversitario de Cataluña y a su Secretario General, Josep Ribas. También ha lamentado la posición del Síndic de Greuges y que «en este caso también se haya puesto del lado del nacionalismo y en contra de los derechos de los estudiantes» y ha afirmado que esta organización ha cometido una vulneración de sus competencias al querer fiscalizar las decisiones judiciales .

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