Convivencia Cívica envia una carta a los presidentes autonómicos para que defiendan con la ley el castellano

A este respecto, desde Convivencia Cívica Catalana recuerdan que en el año 2012, ante una demanda presentada por dicha entidad en nombre de un padre afectado, el T ribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ordenó a la Generalitat que adoptase las medidas necesarias para garantizar que al menos el 25 por ciento de las clases en Cataluña fuesen en castellano, tras una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que consideraba, a la luz de la doctrina constitucional, totalmente anticonstitucional el actual modelo. Dicho Auto fue recurrido por la Generalitat, y fue circunscrito únicamente al hijo del recurrente y su clase, por considerar que un padre no ostentaba legitimación procesal para pedir tal medida de ejecución, denuncia Convivencia.

«A los efectos de salvar dicha falta de legitimación, y ante la evidencia judicial de que el sistema catalán es profundamente anticonstitucional, desde Convivencia Cívica nos hemos reunido reiteradas veces con responsables del Ministerio de Educación (tanto del PP como del PSOE) y con Fiscalía, sin conseguir nunca que interpusiesen la demanda que garantizaría el final de la inmersión lingüística en Cataluña. Ni PP ni PSOE han querido ponerla nunca, dejando que tenga que ser cada padre quien luche judicialmente para que se aplique la doctrina constitucional (pacífica y reiterada) en materia de lengua en la enseñanza de Cataluña», recuerda la entidad.

«Ante la más que constatada evidencia de que desde el Gobierno central no se va a hacer nada para garantizar el cumplimiento de las sentencias, entendemos que ha llegado el momento de que las comunidades autónomas inicien las acciones legales pertinentes, toda vez que cualquier español que se desplace a vivir a Cataluña con sus hijos, por el motivo que sea, puede verse afectado por la situación completamente anticonstitucional del sistema educativo catalán », indica CCC en un comunicado.

«Entendemos que los presidentes del resto de autonomías, ante la inacción del Gobierno Central, tienen pleno interés procesal en que en Cataluña se deje de vulnerar la Constitución y los derechos lingüísticos de los padres en la escuela. Por ello, vamos a instarles a que formulen el correspondiente requerimiento a la Generalitat para que garantice que el sistema educativo catalán garantice que se impartan un mínimo del 25% de las clases en castellano, y que interpongan la correspondiente demanda ante el TSJC si la Generalitat no da cumplimiento al requerimiento», señala el presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano .

En la misiva que va a remitir a cada uno de los presidentes autonómicos, Convivencia les adjuntará, según avanza, todas las sentencias dictadas hasta el momento , donde «inequívocamente se establece la obligación de la Generalitat, así como informes de la entidad donde se acredita como afecta la inmersión a los niños castellanohablantes, solicitando una reunión para poder exponer la situación». Así mismo, la entidad ofrece a los presidentes asesoramiento jurídico gratuito y realizar todos los trámites judiciales que sean necesarios sin ningún coste.