Sánchez trata de diseñar una Conferencia de Presidentes a su medida

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D. Y.

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De esta manera, el presidente del Gobierno sigue sin incluir la reforma de la financiación autonómica en una Conferencia de Presidentes, a pesar de que varios de los responsables regionales llevan semanas reclamando tratar el asunto en este foro político de alto nivel, y antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera –en el que se reúnen los consejeros de Economía con la ministra del ramo y cuya aprobación es necesaria– acometa un asunto que lleva caducado desde 2014, ya que en la última financiación aprobada, en 2009, se fijó por primera vez que se renovaría a los cinco años.

En cualquier caso, los presidentes autonómicos que plantean que se debata el sistema de financiación en este foro tienen dos vías para que, cuando se presenten en la capital catalana, en tres semanas, o de camino de Barcelona, se fuerce al Gobierno a que, al menos, se hable del asunto que les preocupa. Así consta en el reglamento de la Conferencia de Presidentes aprobado por unanimidad en 2022.

Corresponde al Comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes, formado por Ángel Víctor Torres, en calidad de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y un representante de cada gobierno autonómico, fijar los temas del orden del día, tal y como establece el artículo 5 del reglamento. Esta reunión se celebrará el 28 de mayo. Y para aprobar el orden del día se necesita el voto del ministro y de 10 representantes autonómicos.

Esta es la primera vía que tiene el PP –y, en su caso, los presidentes regionales del PSOE que se sumen a los populares, como, por ejemplo, Emiliano García-Page– para forzar incluir el debate de la financiación autonómica en el encuentro de Barcelona. El artículo 5 del reglamento se centra en las normas que rigen la convocatoria e inclusión de temas en el orden del día de las reuniones. Hay una segunda opción para modificar el orden del día.

Si del Comité del día 28 no sale la financiación regional recogida en los temas a tratar el 6 de junio, cabe la posibilidad de que una mayoría de presidentes autonómicos invoque el artículo 5.2 c) del mismo reglamento. Este precepto señala que se podrán incluir en el orden del día las cuestiones solicitadas a instancia de: «La mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía». De los 19 presidentes (de regiones y de ciudades), 13 son del PP, cuatro del PSOE (entre ellos, el del PSC, Salvador Illa, anfitrión del encuentro), uno del PNV y otro de Coalición Canaria.

Desde que José Luis Rodríguez Zapatero presidió la primera Conferencia de Presidentes, en octubre de 2004, se han celebrado 27 ediciones, si bien 14 fueron extraordinarias por la pandemia, por videoconferencia, y 17 se celebraron en 2020, la del 6 de junio será la primera que se desarrolle en Barcelona. La última fue en Santander, en noviembre de 2024, tras dos años de mutismo total de un foro que, ahora mismo, es percibido por los socialistas como un mecanismo de contrapoder del PP al Ejecutivo más que un lugar «cooperación multilateral».

La cita cántabra también fue precedida de una disparidad de opinión entre el Gobierno y los presidentes autonómicos populares. El asunto, el mismo: la financiación autonómica. Sánchez, entonces, trasladó a los representantes regionales –tras un breve encuentro previo con el Rey– varias «reflexiones» sobre el problema de la vivienda y anunció la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para enero pero que se celebró en febrero de 2025, no para abordar la financiación regional, sino para condonar parte de la deuda asumida por cada comunidad (en total 83.252 millones de euros que asume el Estado), un compromiso arrastrado por el pacto de investidura de Sánchez con ERC de 2023. De Santander no salió un solo acuerdo y la Moncloa tampoco consiguió dividir a los barones populares.

En paralelo, Illa pactó con ERC su investidura a la Generalitat, el pasado verano, con la promesa de que Cataluña tendrá una financiación singular como la que ya disfrutan el País Vasco y Navarra, tal y como recoge la Constitución, es decir, dejando en manos de la Generalitat la recaudación de todos los impuestos y, posteriormente, entregando un cupo, llamado «solidario» por los socialistas para tratar de distinguirlo del sistema vasco y navarro, que se calculará a beneficio de la entidad recaudatoria.

Este cambio de modelo, clave en la estructura del Estado de las Autonomías, iniciado ya en en la campaña de la declaración de la renta de este año en Cataluña con una inversión en personal y en material técnico por parte de la administración autonómica y con el acceso a datos de la Agencia Tributaria, necesita la aprobación, primero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera –en el que el Ejecutivo tiene el 50% de los votos–, y, después, del Congreso de los Diputados. Todavía no tiene el visto bueno ni del primero.

De todas maneras, el cambio de la financiación de la Generalitat, que se tendrá que ver reflejado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), según lo acordado entre Illa, con el beneplácito de Sánchez –sin pasar, eso sí, por las bases del PSOE–, y ERC, supondrá que las autonomías tengan menos recursos para cubrir sus gastos. El PSC, los Comuns y los independentistas tratan de reducir la redistribución de unos 22.000 millones de euros anuales.

Es decir, las autonomías tendrán menos recursos. Menos Cataluña –además del País Vasco y Navarra, que al ser forales no verán afectada su financiación–, que recibirá más de lo que ahora gestiona y no aportará a la caja común en función de su riqueza a pesar de ser una región motor de España junto a la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, esta última, sí, una de las comunidades infrafinanciada, según diversos informes de economistas, como, por ejemplo, los firmados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) o el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Así, en las filas de los populares la sospecha es que Sánchez no quiere abordar la financiación autonómica en la Conferencia de Barcelona para no evidenciar, por un lado, la oposición de los presidentes autonómicos, incluidos los del PSOE, como García-Page, al pacto que consideran de privilegio fiscal PSC-ERC y, por otro, evitar abrir un melón político que tiene mala venta fuera de Cataluña. Y, por eso, el PP quiere encarar el asunto.