Un policía amnistiado del 1-O: «Si las cargas fueron torturas, las de cada partido de fútbol tendrían que serlo»

Es uno de los 46 antidisturbios a los que un juez de Barcelona aplicó el olvido penal, tras siete años de instrucción, en los que consideró que en la actuación de algunos de los funcionarios de la Policía Nacional aquella fecha hubo episodios de violencia «innecesaria» y «gratuita». Finalmente, tras la aprobación de la ley, el togado concluyó que ninguno de ellos «superó el umbral de gravedad necesario» para excluirlos del olvido penal.

La decisión la refrendó hace unos meses la Audiencia Provincial, pero la han recurrido ante el Tribunal Supremo tanto la Assemblea Nacional Catalana (ANC), como Òmnium Cultural e Irídia, que reclamaron juzgar a los policías por tratos inhumanos o degradantes, no incluidos en la medida de gracia. «Si las cargas del 1-O fueron torturas, las de cada partido de fútbol tendrían que serlo», ironiza el policía.

En su caso, no le preocupa la posibilidad de sentarse en el banquillo, si el recurso de casación tuviese recorrido. «Me gustaría ir a juicio, defenderme y que un juez me dijese que mi actuación fue la correcta, no que me amnistíen como a los que malversaron», reprocha.

En su caso, desplegado en Barcelona el 1-O, utilizó la defensa en tres ocasiones, causando hematomas. Una actuación que habría supuesto un eventual delito de lesiones leves y pena de multa. «Actuamos según el protocolo, se me puede juzgar por si lo hice o no acorde a la necesidad, pero decir que hubo torturas es como acusarme de tentativa de homicidio», sostiene.

La dilación de la instrucción, que se alargó durante siete años, le ha supuesto un gran coste emocional, profesional y familiar. Actuó, al igual que sus compañeros, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les ordenó impedir la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum, así como cerrar los que se hubieran podido habilitar para la votación.

«Yo estaba allí, tenía órdenes, no puedo negarme a intervenir, porque si lo hago me expedientan», subraya el agente de la UIP, que recuerda que la orden judicial precisó que debían intervenir sin «alterar la pacífica convivencia». «Siempre se han agarrado a ese párrafo [alude al independentismo] cuando quienes la alteraron eran ellos, no nosotros. Nosotros tenemos que restituir la pacífica convivencia si tú estás haciendo algo contrario al ordenamiento, es entonces cuando nos toca intervenir», zanja. Para él el 1-O ha quedado «como un mal sueño», y considera que sufrieron una «jugada política». «Allí nos mandó el PP y luego el PSOE nos dejó tirados. Y ya está. No le importó a nadie», lamenta.

Además de estos 46 policías, pendientes de lo que decida el Supremo, otros cuatro funcionarios; un inspector, dos subinspectores y un bocachero, tendrán que sentarse en el banquillo, acusados de lesiones a un activista, Roger Español, que perdió un ojo el 1-O tras el impacto de una pelota de goma. En su caso, la Audiencia de Barcelona rechazó amnistiarlos, tal y como solicitó la Fiscalía, y decidió enviarlos a juicio. En cambio, archivó la causa contra Español, que estaba acusado de atentado contra la autoridad, por lanzar una valla a los funcionarios.

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«Estaba claro que irían a juicio, porque la ley excluyó expresamente las lesiones que causasen la pérdida de un órgano, para que no pudiesen acogerse a la amnistía de ninguna de las maneras», censura su compañero, que subraya que el lanzamiento de las pelotas «fue el último recurso para salir de allí», de la escuela Ramon Llull, donde les habían ordenado desplegarse para evitar la votación.

Así lo entiende también el Ministerio público que ahora, denegado el olvido penal, reclama su absolución, argumentando que la actuación de los cuatro policías, y la orden de disparar proyectiles, se produjo «con el objetivo de dispersar a los congregados que impedían» su salida y «no paraban de lanzarles piedras, vallas, botellas llenas y otros objetos».

Los disparos de las pelotas de goma «fueron dirigidos a la zona desde la que les estaban realizando lanzamientos», y «en la posición menos lesiva de las que les permitía la escopeta en cuestión». Entre los concentrados se encontraba Español, que, apuntó la fiscal, «protagonizó múltiples acometimientos contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, incluidos varios lanzamientos de vallas metálicas». Una de esas vallas que arrojó hacia la línea policial llegó a impactar en la espalda de uno de los agentes, una actuación por la que fue procesado, y posteriormente amnistiado, y en el marco de la que una pelota de goma «disparada en dirección al suelo» por uno de los agentes que tendrán que sentarse en el banquillo, «tras rebotar contra el asfalto, impactó» contra la cara del activista, que ahora les pide trece años de cárcel. De ellos, nueve por lesiones con pérdida de órgano principal y los cuatro restantes por delito de tortura.

«Esta situación te genera una gran desconfianza en la Justicia. Por la violencia ambiental, tuvieron que recular y no podían salir de allí, entonces, cuando tú no puedes usar la defensa, el lanzamiento de pelotas es el siguiente paso», constata el agente amnistiado.