Roger Español pide trece años de cárcel para los cuatro policías del 1-O acusados de mutilarlo

La actuación por la que los funcionarios se sentarán en el banquillo se produjo ante la escuela Ramon Llull de la capital catalana. Español apunta que los cuatro acusados, en el marco del dispositivo de orden público, salieron del centro sobre las diez de la mañana, pero antes de que los integrantes de la UIP pudiesen volver a sus furgonetas, «un grupo de personas» se sentó en medio de la calle Sardenya para dificultar su paso. Fue una «protesta pacífica», reza el escrito, ante las «autoridades que trataban de impedir» la votación.

Según el relato del activista, pasados unos minutos de la concentración, los policías comenzaron a usar sus defensas para disolver a los manifestantes, que según en el suelo, en «actitud pasiva». Unos segundos más tarde, el inspector acusado dio instrucciones a los tres agentes para que empleasen las balas de goma. Una orden que se transmitió a los mandos intermedios y al escopetero que, reza el escrito, «eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro» hacia los agentes ni hacia terceros. Y que, además, dada la proximidad de los concentrados era «altamente probable» que se produjesen lesiones de gravedad con los proyectiles de caucho.

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Una vez se inició la actuación policial, los manifestantes se levantaron, quedando así la vía «totalmente libre» para que los furgones pudiesen abandonar la zona. Apunta así la acusación que, pese a ello, uno de los funcionarios empujó a Español, que le recriminó el gesto. Poco después, el escopetero disparó las pelotas de goma contra él «en dos ocasiones», aunque ninguno de los proyectiles impactó contra el activista.

Sí lo hizo un tercer disparo, lo que Español considera un «castigo por su participación en la protesta» y por su enfrentamiento previo con los agentes. La pelota de goma le dio en la cara y resultó herido, cayendo al suelo. El escrito que pide condenar a cada uno de los agentes actuantes a trece años de cárcel sostiene que dichos proyectiles son un medio de defensa ante circunstancias excepcionales que no se dieron en este caso. Por todo ello considera que la actuación de los cuatro acusados supuso un delito de lesiones y tortura.

Por este motivo, solicita también otros trece años de inhabilitación para los funcionarios y 320.000 euros de indemnización.