Nueva querella por torturas contra la policía franquista en Barcelona

Cabe recordar que, en el caso de Vallejo, histórico sindicalista barcelonés, fue la Fiscalía la que reclamó investigar su denuncia, en la que señaló a seis policías -algunos ya fallecidos- por las torturas que sufrió cuando fue detenido, en dos ocasiones, en 1970 y 1971. A instancias de Dolores Delegado, el Ministerio público apuntó que «la nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura».

A pesar de ello, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona archivó la querella. Una decisión que la Fiscalía recurrió. Ahora son los gemelos Ferrándiz los que reclaman investigar los golpes que, denuncian, les propinaron los agentes cuando fueron detenidos en 1971. Tenían entonces 17 años, y los trasladaron a la jefatura de Layetana, porque militaban en la Joven Guardia Roja (el referente juvenil del Partido del Trabajo). Ambos estuvieron 32 días en los calabozos, donde fueron agredidos «física y psicológicamente» en los numerosos interrogatorios a los que los sometieron.

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La querella, presentada este martes en los juzgados de Barcelona y consultada por ABC, se dirige contra Vicente Juan Creix, por aquella época comisario jefe; el inspector Rafael Nuñez Valverde; Atilano del Valle y Genuino Nicolás. Todos ellos integrantes de la Brigada Político-Social. Denuncian así los gemelos que sus detenciones se produjeron «por motivos políticos en un contexto de persecución, por parte del Estado español, de personas que consideraban contrarias» a la dictadura franquista.

Ambos comenzaron su actividad política con entre 14 y 15 años, vinculándose al Frente Obrero de Cataluña y luego a la joven guardia del Partido Comunista. Fue en diciembre del 70 cuando la Policía detuvo por primera vez a 'Pepus', por difundir propaganda sobre el Proceso de Burgos. Estuvo durante tres días en la jefatura de Layetana y luego ingresó en La Modelo, donde pasó una semana.

Ya en abril del año siguiente, agentes de la Brigada Político-Social detuvieron a los gemelos, y pasaron 32 días en los calabozos de la jefatura. Los agentes se los llevaron del domicilio familiar de madrugada, cuando también buscaron octavillas. Las diligencias justificaron que «ejercían una actividad de responsabilidad en el Partido Comunista de España». Tenían 17 años.

Durante el mes que pasaron bajo custodia, denuncian, los agentes los sometieron a «diferentes técnicas de tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia de otras personas del PCE». Para reclamar ahora ahondar en lo ocurrido, la querella alude a la «obligatoriedad de los jueces para investigar actos de tortura, constitutivos de delitos de lesa humanidad». También la obligación del Estado de perseguir los crímenes cometidos en su territorio.

Apunta así que los hechos denunciados tuvieron lugar en el contexto de «un régimen dictatorial sanguinario, que ejerció la violencia estatal contra todo tipo de disidencia, y que eliminó todos los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que configuran los Derechos Humanos».

La queja sostiene además que la situación de las víctimas de torturas, entre ellas los gemelos Ferrándiz, es «todavía más grave porque el Estado no ha investigado estos actos, no ha sometido a sus responsables a ningún proceso y carecen de una reparación adecuada». El argumento, tanto de juzgados de instrucción como del Supremo, para no investigar crímenes del franquismo es que, en el momento de los hechos, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no estaban tipificados como tal, algo de lo que discrepa la querella y pone cómo ejemplo que la Audiencia de Barcelona ordenase en 2013 abrir «actuaciones investigadoras» por los bombardeos de la aviación italiana sobre la ciudad, durante la Guerra Civil.

El escrito también apela a Ley de Memoria Democrática, por lo que los citados delitos «tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Entre las diligencias que solicita, la declaración de querellantes y querellados, así como la testifical de las personas que compartieron celda con los Ferrándiz. También reclama a la Dirección General de la Policía los expedientes de los gemelos. Peticiones, «esenciales» para lo investigación de las torturas que denuncian.

Además, también solicitan al juzgado que traslade al Ministerio del Interior «la prohibición de alterar la estructura, configuración y espacios» de la jefatura de vía Layetana. También reclaman un plano detallado del inmueble, así como una memoria descriptiva con su distribución y estado, así como fotografías.