La Fiscalía pide investigar un caso de torturas de la policía franquista en Barcelona

El escrito que Vallejo presentó por delito de lesa humanidad, con el respaldo de entidades como Irídia y Òmnium, se dirige contra Vicente Juan Creix, que ejerció como comisario jefe; el segundo comisario Genuino Nicolás Navales García, y los inspectores Francisco Javier Vázquez Torres, José Antonio González Juan y Francisco Manuel Escobendo García. Todos ellos adscritos por aquella época a la Sexta Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.

Ahora, con el «nuevo marco normativo y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los tratados y convenios internacionales», la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que «es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento«.

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Elena Burés

Irídia, en representación del preso político Carles Vallejo, solicita al juzgado tomar declaración a los agentes y preservar el edificio como espacio de memoria

El Ministerio fiscal recuerda en su informe la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, puesto que son «principios articuladores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como de la propia Ley de Memoria Democrática».

Vallejo, durante la primera detención, en diciembre de 1970, fue torturado durante 21 días en Vía Layetana, 43, -que albergaba la sede dela Brigada Político-Social- antes de ser trasladado a la prisión de La Modelo. El histórico sindicalista del barrio de El Poblenou (Barcelona) comenzó su actividad a los 17 años, cuando se afilió al aún clandestino Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

Poco tiempo después, comenzó a trabajar en Seat y allí se adhirió al entonces también clandestino sindicato Comisiones Obreras. Su actividad culminó con su primera detención. Entonces tenía 20 años, y varios agentes de la Brigada Político-Social lo arrestaron a las puertas de su casa, cuando llevaba encima octavillas de un poema de Rafael Alberti -'Los seis clavos'; -en relación al juicio sumarísimo del Proceso de Burgos, en que el poeta consideró que serían «los seis clavos del ataúd de Franco», si el dictador ejecutaba a los procesados para los que se solicitó pena de muerte-.

Una vez en los calabozos de Vía Layetana 43, las torturas, tanto físicas como psicológicas, se prolongaron durante días. Golpes y patadas en las denominadas «ruedas», en las que los agentes se turnaban para agredirlo; asfixia por el método de la «bolsa», que le colocaban en la cabeza para impedirle respirar, junto con insultos y humillaciones.

Pasaron 20 días hasta que lo trasladaron a prisión, acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal. De allí salió en junio de 1971 y dos años más tarde se le condenó por ello, hasta que tras la muerte del dictador se le indultó, y en 1978 la Audiencia de Madrid declaró extinguida su responsabilidad penal, en virtud de la ley de amnistía.

En su querella, Vallejo indica que los seis policías citados participaron o consintieron las torturas a las que fue sometido y recuerda la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Por todo ello, solicita la toma declaración a los agentes, así como la suya propia y la «preservación del lugar de los hechos a efectos de reparación de las víctimas del franquismo».

Es decir, el escrito solicita que se prohíba alterar la estructura y espacios de la Jefatura de Vía Layetana por su «eventual» declaración como lugar de «memoria democrática».