La nueva defensora del pueblo autonómica se alinea con la Generalitat y defiende la inmersión obligatoria solo en catalán

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Según figura en el dictamen, Giménez-Salinas considera que «el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza se puede garantizar sin necesidad de aplicar una proporción mínima, que no se fundamenta en la realidad sociolingüística de los centros ni en criterios pedagógicos y sociolingüísticos». La síndica utiliza la encuesta en algunos colegios e institutos, realizada por el anterior titular de la institución, para sostener que, en realidad, desde su punto de vista, en las aulas de Cataluña se utiliza demasiado el español y, por lo tanto, hay que intensificar su prohibición en defensa del catalán.

«La realidad de heteroglosia de las aulas es contradictoria con la imposición de una proporción rígida de monolingüismo», denuncia la defensora autonómica, pero no en referencia al uso exclusivo del catalán en los currículums escolares, sino en referencia al mínimo de español establecido por los tribunales de Justicia, en base a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Así, para Giménez-Salinas, «la aplicación de un 25% de castellano para una determinada materia, prevista por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entra en contradicción con el carácter global e integrador de los contenidos curriculares en la educación primaria».

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De esta manera, el Síndic de Greuges se sitúa junto a la Generalitat y defiende, implícitamente, el incumplimiento de las resoluciones judiciales en materia lingüística. Desde 1994, el Tribunal Constitucional viene señalando en todos y cada uno de sus pronunciamientos que la administración regional catalana no puede limitar el uso del español a la asignatura de lengua y literatura y que, para que el modelo pueda encajar en el sistema de bilingüismo, debe establecer alguna asignatura, materia o contenido no lingüístico en español.

El tribunal garante de los derechos fundamentales consolidó esta opinión en 2010 en la sentencia del Estatuto de Autonomía. Al igual que el Constitucional, el Tribunal Supremo y el TSJC han reiterado que la Generalitat no cumple con esta obligación y decisión autonómica -al no establecer la Generalitat la doble línea lingüística, como en el País Vasco, por ejemplo-, hasta el punto que el tribunal autonómico (decisión avalada por el Supremo en 2021) decidió fijar un porcentaje mínimo de contenido en español para todo el sistema. Una decisión que el consejero de Educación se niega a aplicar.

Giménez-Salinas, que accedió al cargo con los votos del PSC, ERC y Junts, reafirma así la idea de mantener la defensa de la inmersión lingüística obligatoria y exclusiva solo en catalán. Recientemente, la encargada de las políticas relacionadas con las aulas y los niños en el Síndic de Greuges y firme partidaria de este modelo lingüístico, a pesar de las órdenes de los tribunales, María Jesús Larios, ha sido designada miembro del Consejo de Garantías Estatutarias a propuesta del PSC y, además de los votos de los socialistas, con el respaldo de ERC y Junts.

Al conocer el informe del Síndic, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que asesora a los padres que reclaman el ejercicio de un derecho reconocido, primero ante el Govern catalán y, luego, en los tribunales, calificó el documento de «vergonzoso», advirtió de que «nada ha cambiado» con la nueva responsable de defender los derechos de los ciudadanos a nivel regional y señaló que es «indignante» que Giménez-Salinas considere que aplicar un mínimo del 25% de castellano en la escuela sea «imponer el monolingüismo».