El jefe de la oficina de Puigdemont insta a García-Castellón a no retorcer la ley y amnistiar a Tsunami

La defensa de Alay, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, ha formalizado un escrito de doce páginas, consultado por ABC, en el que contesta así al instructor Manuel García Castellón, que dio diez días a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la norma en la citada causa. El abogado reclama ahora el sobreseimiento libre para su representado y que quede así exento de responsabilidad penal.

Para ello, Boye argumenta que los delitos de terrorismo que se imputan a los investigados son inexistentes. «En el presente caso, los hechos objeto de investigación no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación [...]. Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales». Y, en todo caso, señala, no formarían parte de los excluidos por la norma, por lo que sostiene: «Se recomienda abstenerse de criminalizar a manifestantes catalanes por delitos relacionados con el terrorismo».

Respecto al fallecido por un infarto en el aeropuerto de El Prat, cuando Tsunami convocó la primera de las protestas tras la condena del Supremo contra los líderes del 'procés', el abogado recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge, en su artículo 2, que «nadie podrá ser privado de la vida intencionadamente». Es decir, que tampoco podría utilizarse dicho suceso para argumentar que los investigados no pueden beneficiarse del olvido penal.

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«Mucho se ha especulado y abusado respecto de un suceso luctuoso acaecido el día de la manifestación de Tsunami. Sin embargo, se mire por donde se mire, dicho hecho, que no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado». Subraya así el escrito que el fallecimiento de un ciudadano francés fue fortuito y jamás intencionado y, «mucho menos, relacionado con las manifestaciones de Tsunami Democràtic».

Por todo ello, reitera que los hechos que se investigan se enmarcan en el ejercicio legítimo del derecho de manifestación -«por muy amplias y concurridas» que hayan sido estas-.