Suiza no ve terrorismo en Tsunami y cierra la puerta a colaborar con la Audiencia Nacional

Según avanzó El País y confirmó ABC en fuentes jurídicas, la comisión rogatoria, que se encuentra en los servicios de traducción de los juzgados centrales de instrucción, es así una negativa a las dos últimas peticiones de cooperación jurídica internacional que había librado el magistrado tendentes a la localización de investigados, la averiguación de movimientos de unas cuentas bancarias e incluso la celebración de una reunión en la que abordar el caso.

Por un lado, en noviembre solicitó a Suiza que comunicase la dirección de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras cosas para notificarla porque si bien en la causa ha consignado domicilio en Cataluña, consta abiertamente que reside en aquel país. En la misma petición se solicitaba diseccionar unas cuentas bancarias desde las que Tsunami habría podido recibir financiación para organizar los disturbios en el otoño de 2019 en Cataluña.

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En diciembre, Suiza contestó pidiendo aclaraciones con un escrito en el que apuntaba que no acababa de comprender qué delitos y qué hechos se atribuían a Rovira y por tanto, la necesidad de acceder a la información bancaria. La respuesta acabó en la prensa antes de llegar a la mesa del magistrado, que abrió una pieza separada para investigar la revelación de secretos y volvió a dirigirse a las autoridades helvéticas con las aclaraciones solicitadas unos meses después, el pasado febrero.

En aquel escrito, como informó este diario, el instructor detallaba los hechos que se atribuían a Marta Rovira y elevaba dos propuestas. Por un lado, centralizar las comunicaciones acerca de Tsunami en Eurojust, esquivando así la intermediación del Ministerio de Justicia en las comisiones rogatorias -lo que apuntaba que ya sospechaba sobre el origen de la filtración- y por otro, celebrar una reunión con las autoridades helvéticas para que fuese la propia Audiencia Nacional y él en concreto, quien respondiese a cualquier duda que suscitase la tipificación delictiva de su instrucción penal.

Y a todo esto responde ahora Suiza para cerrar la puerta a la colaboración en la causa. Considera que no concurre terrorismo desde el punto de vista de su legislación y por tanto, no se ve emplazada a cooperar en los términos en los que está vinculado su país por los tratados internacionales.

La divergencia reside, según las fuentes consultadas, en que en España la reforma del Código Penal de 2015 que reforzó la persecución del terrorismo para atajar la problemática de los lobos solitarios, contempla que no es necesaria la militancia en una organización terrorista preexistente para considerar que una actividad es de esa índole.

Los helvéticos no lo ven así y desde su perspectiva, la organización de actos políticos, que es lo que entienden ha ocurrido en Tsunami, que no se sirven de violencia criminal en los términos que sí lo hacen grupos como ETA o el Daesh, no puede ser clasificada como terrorista. No siendo por tanto imputables esos delitos en su territorio, no colaboran con la investigación, de acuerdo a las mismas fuentes.