La Fiscalía denuncia que el Barça pagó a Negreira para obtener favores arbitrales

El escrito del Ministerio público, consultado por ABC, también acusa a los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los mismos delitos. La investigación partió de un informe que la Agencia Tributaria remitió a la Fiscalía tras detectar irregularidades en dos sociedades, entre ellas Dasnil 95 SL, que Negreira fundó en 1995.

Así, apunta el escrito, tanto Rosell, como Bartomeu, durante su etapa como presidentes del Barça, eran de la «máxima confianza» de Negreira, también denunciado en la misma causa. «Todos ellos, con facultades de organización y control dentro del club, a sabiendas de los importes que se facturaban anualmente -desde enero de 2011 hasta junio de 2018- por las entidades N SCP y Dasnil 95 SL, actuaron por cuenta y en beneficio directo del F. C. Barcelona».

Apunta así la Fiscalía que, a través de ambos mandatarios, el club «alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal, estrictamente confidencial» con Negreira, en calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), a fin de que, «a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase» el equipo.

Así, sostiene la denuncia, las sociedades de Negreira «giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el Barça, sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real». Según los informes de la Agencia Tributaria, entre 2014 y 2015, el club azulgrana abonó a una de las sociedad del exárbitro 1,2 millones de euros -con IVA-, en concepto de «asesoramiento de vídeos técnicos».

Entre enero de 2016 y junio de 2018, el Barça pagó otros 1,6 millones a la misma sociedad de Negreira por el mismo motivo. Es decir, percibió casi 3 millones del equipo hasta que dejó de ostentar la vicepresidencia del Comite Técnico de Árbitros, cuando se remodeló el organismo con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española (RFEF), cuando el club «puso fin a todos los pagos», apunta la Fiscalía.

Fue en febrero de 2019, cuando Negreira envío un burofax a Bartomeu en el que le recriminó el cese de la relación, y le exigió «alcanzar una solución justa para ambas partes y advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo». El texto del exárbitro al entonces presidente del club rezaba así: «No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial. Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación. Tanto usted como el vicepresidente, por no citar a más, convinieron conmigo los acuerdos que hoy ustedes pretenden incumplir impunemente».

Según el Ministerio público, los pagos del Barça a Negreira entre el 2001 y el 2018 superaron los 7,3 millones de euros. «Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club, ni aprobada por la asamblea general, por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno», reza la denuncia.

Durante la presidencia de Rosell, el importe que abonó el club superó los 2 millones de euros, según los cálculos de la Agencia Tributaria. Por todo ello, la Fiscalía solicita interrogar a los denunciados, así realizar una investigación patrimonial de Negreira y de su entorno familiar más próximo al objeto de conocer el destino dado a lo cobrado. Eso sí, el Ministerio público sostiene que «no ha quedado acreditado, en este momento inicial» al menos, que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, que fue administrador único de Dasnil 95 SL, «conociera y compartiera el propósito de su padre». En cambio, sí considera que estuvieron implicados en los pagos el exCEO del club, Óscar Grau, y a otro ejecutivo del club, Albert Soler. A ambos los acusa de corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

En julio de 2019, la Agencia Tributaria requirió al Barça la copia de las facturas y de los medios de pago utilizados para abonar las diferentes cantidades a las mercantiles de Negreira. También solicitó al club que detallase la naturaleza de los servicios prestados por éstas en cada una de las facturas. Lo que ocurrió es que una vez el equipo las aportó, la Inspección tributaria le reclamó que identificase a los «profesionales, técnicos o personal auxiliar» que habían desarrollado dichas funciones. También copias de los vídeos, documentos o informes que se habrían llevado a cabo por las supuestas tareas de «asesoramiento». «La respuesta del F.C. Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida».

Fue así como se consideró no deducible el gasto en el Impuesto sobre Sociedades, así como el IVA. Es decir, el Barça trató de desgravarse las facturas de Negreira. ¿Qué ocurrió? Que la Inspección concluyó que esas facturas «no se correspondían con prestaciones de servicios» por parte de las empresas del exárbitro. No había pruebas que las acreditasen. De ahí, la Agencia Tributaria procedió a investigar también a Negreira y sus dos mercantiles. Las cuentas donde recibía los pagos «se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del Barça», señala el Ministerio público. Ahora será el instructor Joaquín Aguirre, el que deberá decidir si admite o no a trámite la denuncia.