Corrupción continuada: el delito por el que la Fiscalía acusará al Barça

La denuncia también acusa al expresidente Josep Maria Bartomeu de administración desleal, al ser el mandatario que dirigía la institución en el periodo investigado, aunque la Fiscalía posee documentación que acredita que el exárbitro José María Enríquez Negreira recibió a través de una empresa cerca de siete millones de euros entre 2001 y 2018, cuando ostentaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

La denuncia, que también incluye el delito de falsedad documental, fue remitida ayer a la Fiscalía General del Estado para ser visada por el fiscal Álvaro García Ortiz y en ella se estudian las supuestas asesorías arbitrales prestadas al Barcelona por Enríquez Negreira y su hijo Javier a través de dos sociedades instrumentales, Dasnil 95 y Nilsad, que libraron facturas ficticias al club azulgrana con el epígrafe de «asesoramiento técnico de vídeos».

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Jacinto Vicente, abogado especializado en derecho deportivo, explica a ABC los delitos de los que serán acusados tanto el club como Bartomeu. «El de corrupción en los negocios se refiere a cualquier actuación dentro del ámbito deportivo que tenga por finalidad predeterminar o alterar de manera fraudulenta y deliberada una competición de especial relevancia deportiva o económica», apunta. Y añade que «el club se enfrenta a un castigo que podría ir desde una multa a una suspensión de actividades por un plazo que no puede exceder los cinco años». No obstante, según fuentes del club consultadas por este diario se descarta que pueda ser apeado de todas las competiciones. «Sería una sanción acotada que no impediría al club competir o desarrollar su actividad», aseguran.

Vicente detalla que se incurre en administración desleal cuando «los responsables de una sociedad realizan actos que, si bien forman parte del quehacer normal de la sociedad, pueden perjudicar a la misma y a su patrimonio, lo que está tipificado con penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa». De todas formas, el abogado no cree que la denuncia tenga demasiado recorrido. «Lo que ha hecho la Fiscalía, antes de que nadie diga que no han actuado, es presentarla para evitar que el caso prescriba, pero Bartomeu fue el que cortó las colaboraciones de Negreira y tiene una defensa muy fácil. No hay pruebas. O confiesa Negreira, o su hijo, o salen cinco árbitros reconociendo que les presionaron para pitar de una forma determinada o no hay nada», apunta el letrado.

Hay que destacar que la investigación del Ministerio público tuvo que cerrarse de forma precipitada tras la querella interpuesta por el exárbitro Estrada Fernández hace unas semanas en un juzgado de Barcelona. La ley establece que cuando sucede esto deben cesar las diligencias de la Fiscalía, que estaban ya muy avanzadas. Este hecho causó malestar en el seno del colectivo arbitral, que tenía preparada su propia querella, y se vislumbró una cierta estrategia, auspiciada por el club catalán, para que el caso se dirimiera en los juzgados de la Ciudad Condal en lugar de la Audiencia Nacional, tal y como desvelaba Salvador Sostres en ABC.

Precisamente, la interposición de la querella por parte de Estrada Fernández hará que, si la denuncia de la Fiscalía se admite a trámite, recaiga en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, cuyo titular es Joaquín Aguirre, que ya ha abierto diligencias tras la querella del exárbitro, que únicamente se dirige a los Negreira, padre e hijo, y que todavía no ha sido admitida. También surge la incógnita sobre las medidas que podrían adoptar UEFA y FIFA, que en sus códigos disciplinarios contemplan sanciones con independencia de que las normativas estatales no puedan intervenir