Nueve policías acusados por cargas el 1-O en Barcelona piden la amnistía
Los agentes forman parte de la causa del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona donde hay 46 funcionarios procesados
Los policías del 1-O: «No queremos amnistía, queremos un juicio justo»
Barcelona
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónNueve agentes de la Policía Nacional, pendientes de juicio por las cargas del 1-O en Barcelona, han pedido este miércoles que se les aplique la ley de Amnistía ya que, «en ningún caso», participaron en actos de torturas y tratos inhumanos o degradantes, ... que son los casos excluidos.
Los policías forman parte de la causa del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona donde hay 46 agentes procesados. Su defensa considera que sus casos se enmarcan en los supuestos que contempla el olvido penal y que la exclusión de los delitos de torturas se refiere a hechos «mucho más graves» que las lesiones que se atribuyen a sus clientes.
En el escrito, los letrados plantean al amparo del artículo 9 de la normal que entró en vigor el martes. Es decir, la «extinción de responsabilidad criminal» para los agentes que actuaron el dispositivo del 1-O en el IES Pau Claris, CEIP Ágora y las escuelas Dolors Monserdà, Posperitat, Infant Jesús y Mediterránea.
El escrito, registrado al margen de las estrategias de defensa de los sindicatos, recuerda que el procedimiento contra los agentes se encuentra en fase de instrucción y que la amnistía prevé en este caso el «sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes».
«No entiendo que me condenen por hacer un uso proporcional de la fuerza»
Elena BurésCasi cincuenta agentes tendrán que sentarse en el banquillo por las cargas durante el referéndum ilegal en Cataluña
Además, los abogados de los policías citan el preámbulo de la ley, que recoge que la amnistía «no pretende la criminalización de un colectivo de funcionarios que intervinieron, en prácticamente casi la totalidad de casos, en la defensa del ordenamiento, así como con la proporcionalidad y mesura necesaria en defensa de la legalidad» pese a contar «escasos medios para evitar la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».
El escrito apunta, además, que los agentes están procesados «por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa».
También pide que se tenga en cuenta que las responsabilidades civiles de las conductas despenalizadas «podrían ser reclamadas por los lesionados en procesos de responsabilidad patrimonial contra la Administración».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete