El concejal del PSC que coaccionó a un hotelero para echar a los policías del 1-O: «Si volviera a pasar me tocaría hacer lo mismo, pero de otra manera»

Durante la vista oral en la Audiencia de Barcelona, el edil, que sigue en el cargo, ha suscrito el escrito de acusación del fiscal Miguel Ángel Aguilar, que recoge que amenazó con clausurar dos alojamientos del municipio, donde se encontraba un contingente de 500 efectivos del CNP, si su gerente no los echaba la noche del 2 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal.

Masnou, titular de Urbanismo en Pineda, trasladó al gerente de los establecimientos que «adecuar los hoteles podría comportar su cierre durante cinco años», ha ratificado a preguntas de Aguilar. Por teléfono, urgió a su responsable a desalojar a los policías, aunque en ningún momento se puso en contacto con responsables del Cuerpo, lo que, ha reconocido, supuso un error.

Su intención, ha desgranado, era rebajar la tensión en el municipio, ante una concentración independentista que se convocó en los aledaños de uno de los hoteles, el Checkin Montpalau, que requirió el despliegue de un cordón de seguridad por parte de los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, la otra edil socialista que ha aceptado la misma condena, Carme Aragonès, ha precisado que, «más que amenazar, en el sentido de cerrar, [lo que se dijo fue que] algún hotel no cumplía las normativas y había maneras de pactar, pero sin amenazas». «Ellos sabían que había algún problema y se les recordó ese tema», ha deslizado respecto a las coacciones.

También a preguntas de fiscal, la entonces concejal -ahora fuera del cargo- señaló que ante una situación «complicada» por la protesta en la calle, pidieron al director de los hoteles «reubicar» a los agentes. A pesar de que en una entrevista en La Sexta aquella misma noche habló de «echar» a los policías, durante el juicio ha indicado que fue algo «desafortunado».

El último en declarar ha sido el tercer acusado, quien no ha suscrito el acuerdo con la Fiscalía, el aún jefe de la Policía local de Pineda, Carles Santacreu, que niega haber participado en los hechos. Algunos agentes, en su condición de testigos, lo han acusado de realizar «contravigilancias» y hostigarlos durante su alojamiento en el municipio.

Entre otros, con impedimentos para la carga y descarga de material y efectivos de los furgones cuando éstos estacionaban frente a los hoteles, algo que Santacreu ha rechazado. Según el acusado, hizo todo lo posible para cubrir sus necesidades durante aquellos días y también alertó a los Mossos cuando comenzó a formarse la concentración en los aledaños del hotel.

En sus conclusiones finales, el Ministerio público ha pedido condenar a Santacreu a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación por incumplir su deber, como funcionario público, de evitar la comisión de un delito y no haber alertado del mismo, tras haber sido testigo de las coacciones al hotelero, ya que estuvo presente en la reunión en la que los concejales del PSC exigieron la expulsión de los policías.

«A pesar de ello, no impidió que esos hechos se perpetraran. Teniendo constancia de hechos delictivo que se cometieron en su presencia, no emitió un atestado alertando de ellos», ha sostenido el fiscal.