Aragonès ya tiene sus presupuestos pero el PSC se alía con Junts para 'arrebatarle' la renta básica

El cambio de socios de Aragonès, socialistas y En Comú Podem en lugar de Junts, a partir del momento en que estos decidieron romper el Govern, para la aprobación de los presupuestos del presente año sitúa en el horizonte, no muy lejano, la consolidación de un nuevo tripartito, a solo dos meses de las elecciones municipales: la legislatura arrancó con la investidura del candidato de ERC con los votos de Junts y la CUP y, en apenas dos años, Aragonès tiene ahora el respaldo del PSC y los comunes. Un cambio de socios facilitado por la aritmética en el Congreso y la dependencia del PSOE de ERC.

A partir de ahora, el Govern manejará unas previsiones contables de más de 41.000 millones de euros (gasto no financiero) para 2023, una cifra que asciende a los 45.359 millones si se suma el gasto de todo el sector público autonómico catalán con las 206 entidades en las que la Generalitat tiene participación. Las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Natàlia Mas, es que durante este año la Generalitat tenga un déficit del 0,3%, es decir, 791 millones de euros y una deuda sobre el PIB del 32,7% (1,3 puntos menos que en 2022).

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El acuerdo de ERC, PSC y En Comú Podem para aprobar las cuentas autonómicas, superada ya la última votación en la Cámara catalana, incluye alrededor de 450 millones de euros para la construcción y el mantenimiento de las llamadas por los grupos nacionalistas «estructuras de Estado» y la política identitaria. Aumentan las partidas para las 'embajadas', TV3, la imposición de la lengua catalana, el Diplocat... Al margen, además, del polémico Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que gestionará 853,4 millones.

Mas allá del debate y la votación al mediodía de la ley de presupuestos, la tensión política se ha centrado en la conocida como ley de acompañamiento, aprobada esta tarde pero sin la inclusión del plan piloto para la renta básica universal. La norma incluye previsiones que complementan el régimen jurídico de las cuentas autonómicas y cambios en la legislación para acompasar la regulación del sector público y la administración catalana a las cuentas del ejercicio.

Así, ha desaparecido del proyecto inicial del Govern el plan piloto para la renta básica universal, al aliarse los socialistas con Junts, Vox, Ciudadanos y el PP. El PSC presentó una enmienda, aprobada ya al paso del texto por la comisión parlamentaria correspondiente, para su supresión de la norma que ERC y los comunes pretendían mantener.

Hoy, en el pleno, ERC ha pedido votar su inclusión pero los de Aragonès no han conseguido atraer ni a Junts ni a los socialistas por lo que la medida, finalmente, ha decaído de la ley de acompañamiento. El plan piloto contemplaba en 800 euros (300 euros si eran menores) la asignación mensual de los participantes y preveía que el Govern aprobara la «dotación económica necesaria» para implementarla.

Por otro lado, tampoco se han aprobado unas enmiendas de Junts que pedían acelerar la ejecución de la B-40, ampliar el aeropuerto de Barcelona y el complejo de ocio turístico Hard Rock, en Tarragona. Las tres medidas fueron condición imprescindible para que los de Salvador Illa dieron su apoyo a las cuentas. En los presupuestos no figuran partidas concretas para estas tres iniciativas pero sí compromisos políticos.