ERC y los comunes impulsan impuestos a los cruceros y los ultraprocesados

La cifra más alta que han cerrado Aragonès y Albiach, según consta en el documento titulado 'Acuerdo entre el Govern de la Generalitat de Cataluña y En Comú Podem para aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2023', es de 555 millones dedicados a un plan de choque social. Además, el acuerdo fija una subida de 279 millones para reforzar la atención primaria y el objetivo de «conseguir que el 25% del presupuesto de ámbito sanitario se destine a la atención primaria».

En materia fiscal, finalmente, no se ha acordado subir el tramo autonómico del IRPF, una petición de los comunes que ERC no ha aceptado y abre la puerta a que el PSC o Junts, o ambos, se sumen al acuerdo, o al menos, no pongan un inconveniente para ello. Eso sí, el acuerdo ERC-comunes sí contempla impulsar la creación de un impuesto a los cruceros, así como el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que en cualquier caso se incluyeron en el pacto presupuestario entre el Govern y los comunes para el año 2022 y que no se han llevado a cabo.

Igualmente, si el acuerdo se incorpora en las cuentas y estas se aprueban por el Parlamento catalán se incrementará el 33% de la tarifa del impuesto de viviendas vacías y «realizar los ajustes necesarios a la tarifa del impuesto sobre el patrimonio con el objetivo de que incorpore nuevas tarifas para los grandes patrimonios» ajustadas a las que se deriven del impuesto nacional de grandes fortunas, lo que supondrá aumentar en 12 millones la recaudación de la Generalitat, según el cálculo hecho por los firmantes.

También se ha pactado destinar 87,6 millones a ayudas al alquiler, dentro del plan de choque, y 180 millones para ampliar el parque público de vivienda, a través de la adquisición de 1.500 viviendas vacías en manos de la Sareb y entidades financieras y el incremento de 5 millones para la promoción directa de viviendas, con el objetivo de alcanzar 500 viviendas de alquiler accesible en 2023. Y la idea es construir 900 viviendas de promoción delegada en 2023, y en 2024 poner en marcha la construcción de 900 viviendas adicionales, así como facilitar la construcción de 200 casas con fórmulas de covivienda.

En materia energética, el acuerdo de ERC y los comunes contempla 246 millones para incorporar medidas y dotaciones para transformar el modelo energético catalán; destinar 25 millones a poner en marcha la energética pública catalana, que ya está aprobada por el Govern, y que sea comercializadora, que es uno de los objetivos ya establecidos, y 180 millones a la aceleración de instalación de fuentes de energía renovable de autoconsumo.

Otro aspecto al que han llegado a un acuerdo es en relación a los trenes. Se fija culminar la ejecución del tren tranvía del Campo de Tarragona, iniciar los trabajos para poder ejecutar trenes tram en el Bages e iniciar la segunda fase del tren tram del Campo de Tarragona hasta el aeropuerto de Reus. También han previsto destinar 200.000 euros a estudiar la viabilidad de creación de una red catalana de alta velocidad utilizando las infraestructuras existentes para las líneas Lérida-Figueras y Tortosa-Tarragona.

En relación al plan de choque social, el acuerdo contempla medidas como actualizar el índice de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) en un 8%, hasta los 615 millones de euros mensuales, así como destinar 50,7 millones a extender las bonificaciones del transporte público en 2023, destinar un millón de euros a extender la gratuidad de la T-16 y ampliar la T-Jove a los 30 años.

Con este acuerdo, anunciado al mediodía y escenificado con una fotografía de Aragonès y Albiach, las cuentas de 2023 tienen ya el apoyo de 41 diputados de la Cámara catalana. El total es de 135 por lo que el presidente de la Generalitat necesita llegar a 68 escaños para asegurarse los presupuestos. Así, los 33 diputados del PSC o los 32 de Junts (31, en realidad) son necesarios para conseguir la mayoría absoluta. O al menos sus abstenciones para que se aprueben las cuentas por mayoría simple.