La fiscal censura el «electoralismo» de Serret ante el TSJC: «Aquí no se está juzgando a ningún votante del 1-O»

Entre sus argumentos, que ella, como miembro del Ejecutivo catalán, acató el mandato del Parlament, con mayoría independentista. «Tengo la convicción de que el derecho a la autodeterminación es un derecho vigente. Desde el Govern debemos cumplir los mandatos parlamentarios», ha proseguido para alegar que, «tras un juicio ponderativo» ante los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), que la apercibió, «una mayoría instó a seguir adelante con el 1-O».

«La acusada no puede pretender que su criterio valorativo se imponga a la resolución» del Constitucional, ha rebatido la fiscal. «En un Estado democrático, el Poder Ejecutivo no puede imponerse al Judicial». La representante del Ministerio público, que pide un año de inhabilitación para Serret por desobediencia, ha tomado la palabra reprendiendo a la 'consellera' por su «electoralismo». «Aquí no se está juzgando a ningún votante del 1-O. El pensamiento no delinque, no vamos a acusar a nadie por su pensamiento ni por sus ideas, aquí acusamos por una actitud reiterada, infringiendo prohibiciones del TC», ha subrayado.

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«Pese a haber sido destinataria de sus requerimientos, la acusada los omitió, de forma contumaz. Omitió esas resoluciones y esos son los únicos hechos que se enjuician, no ideas políticas ni ningunas otras», ha suscrito la abogada del Estado. Y es que durante su monólogo, Serret ha recurrido a un mantra repetido por los independentistas: «que se ha judicializado un conflicto político». Según la consejera, un «conflicto que vivió una escalada» con el fallo del Constitucional sobre el Estatut, en 2010.

«Los hechos descritos constituyen un delito de desobediencia grave. La acusada fue declarada en rebeldía en junio de 2018, no compareciendo ante el Tribunal Supremo hasta marzo de 2021, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de aplicar el atenuante de dilaciones indebidas», ha pedido la representante de la Abogacía del Estado.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce Vox, ha subrayado que Serret no podía dar cumplimiento «a aquello que había sido declarado ilegal». Sobre la petición de absolución de la defensa, por haber llevado a término la consejera un «mandato popular», el abogado Juan Cremades ha recordado que el TSJC «no juzga la celebración del 1-O sino la desobediencia al TC». Así, ha señalado que la republicana omitió «cinco requerimientos» y que «con su propia firma facultó el decreto de convocatoria del referéndum».

«Meritxell Serret no ha venido aquí a disimular ni ha camuflar lo que hizo. Lo admitió cuando compareció ante el Supremo en marzo de 2021», ha apuntado su defensa, que reclama su absolución. «A ella se le planteó una colisión de deberes: el mandato del Parlament [y el del TC], pero ella no tuvo duda. En su caso entendió que tenía que cumplir lo ordenado» por la Cámara catalana, ha señalado Iruin.

El juicio ha quedado visto para sentencia.