Amnistía, año I: 328 beneficiados por el borrado legal del 'procés'

El Ministerio público sí incluye una excepción, y solicita sentar en el banquillo a dos exsecretarios generales del Diplocat –Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña –, Roser Clavell y Albert Royo, por dos gastos que desvincula del proceso independentista. En concreto, del servicio de limpieza y de una auditoría.

En cuanto a los denominados 'cerebros' del 1-O, Jové y Salvadó, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también consideró amnistiable la malversación por la que fueron procesados –al no apreciar ninguna de las causas de exclusión que contempla la ley: ni propósito de enriquecimiento, ni afectación de los intereses financieros de la Unión Europea–, presentó una cuestión de inconstitucionalidad y otra prejudicial ante el TJUE al entender que el olvido penal podría suponer un quebranto de la seguridad jurídica y del principio igualdad ante la ley, así como una ruptura de la separación de poderes.

También en el caso del 'expresident' Quim Torra, el tribunal catalán paralizó su amnistía al plantear otra cuestión de inconstitucionalidad. La Sala Civil y Penal apuntó entonces que la norma, además de «abrir la puerta a riesgos inaceptables» para el Estado de derecho, obedecía a «mera aritmética parlamentaria», ya que fue una de las exigencias de Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez quien, sólo unos meses antes de necesitar los siete votos del partido de Puigdemont, aseguró que no tenía cabida en la Constitución. Ahora, doce meses después de su aprobación, la cifra de beneficiados por el olvido penal, 328, incluye a 26 políticos, cargos públicos y empresarios. El primero de ellos fue el exconsejero catalán de Interior Miquel Buch. Condenado a cuatro años y medio de prisión y otros 20 de inhabilitación por contratar como asesor a un mosso para que, en realidad, ejerciese como escolta de Puigdemont en Bélgica; una vez entró en vigor la ley, el TSJC declaró extinguida su responsabilidad penal.

Tras la medida de gracia a Buch, se fueron sucediendo las de decenas de alborotadores, que habían sido procesados o condenados por los disturbios tras la sentencia del 1-O. De integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), a otros manifestantes independentistas que participaron en las algaradas de octubre de 2019, tras el fallo del Supremo, o bien durante algún aniversario del referéndum. Son, al menos, 173.

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Elena Burés

Algunos por desórdenes públicos –quemar contenedores, entre otros– y por atentado contra la autoridad, al haber lanzado objetos contundentes contra la Policía. También los 46 agentes antidisturbios que fueron procesados por tratar de impedir el referéndum ilegal en Barcelona fueron amnistiados, al entender, primero el instructor, y después la Audiencia Provincial, que las lesiones que causaron durante su actuación no superaron el «umbral» de gravedad para ser excluidas del olvido penal pero, en su caso, entidades independentistas han formalizado un recurso de casación ante el Supremo, argumentando que «sí que superan ese nivel». Por el momento, quienes sí tendrán que ir a juicio son otros cuatro policías, por las lesiones al activista que perdió un ojo, Roger Español, esa misma fecha, tras recibir el impacto de una pelota de goma. Pide para ellos 13 años de cárcel.

Otro de los beneficiados por la medida de gracia ha sido el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, acusado de malversación y prevaricación por pagar con dinero público un viaje a Nueva Caledonia, a donde acudió como observador del referéndum de autodeterminación, en 2018, y que costó a las arcas públicas casi 4.400 euros.

No así la expresidenta de la Cámara catalana Laura Borràs, en su caso condenada por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Fue el Supremo el que confirmó la pena de cuatro años y medio de cárcel y otros 13 de inhabilitación y descartó aplicarle la amnistía porque, en su caso, los delitos no guardan relación con el 'procés'. Pese a ello, no ingresará en prisión, ya que el tribunal que la condenó solicitó paralizarlo mientras se tramita su petición de indulto parcial.