Los rectores plantan cara a la nueva ley de universidades: «Es un perjuicio»

Pero es ahora cuando los máximos responsables de las instituciones académicas están alzando más si cabe la voz contra esta legislación, coincidiendo con la nueva apertura del curso académico. Y es que será este año cuando se ponga ya en marcha el grueso de un texto que, según aseguran, genera un «perjuicio» para los centros docentes y nace «fruto de la imposición», según expresó ayer mismo el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona.

Así que en las universidades de Castilla y León hay «preocupación», subrayó hace días el rector de la de Valladolid, Antonio Largo. Hay inquietud e incertidumbre por varias razones. «Supone muchos retos de adaptación, de estructuras organizativas, normativas y reformas estatutarias», indicó, y eso se traducirá en una carga de trabajo que «consumirá mucho esfuerzo».

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Pero si algo supondrá un problema, explicó, será el «sobrecoste importante» que deberán asumir por el «fuerte impacto» que tendrá en materia de plantillas sin que vayan a recibir muchos más fondos de los que obtienen hasta ahora por parte de la administración. Imposible cumplir

Más allá fue el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, en la apertura del curso. «Con la financiación actual resultará completamente imposible cumplirla», concluyó, tras asegurar que «no hay una memoria económica» en la ley y, por tanto, tampoco una cantidad adicional para que las facultades puedan desarrollarla como deben. En el caso de la institución burgalesa, «será necesario incrementar el capítulo 1 -el relativo al personal- en 19 millones de euros anualmente», calculó. «Sin esa necesaria y urgente cantidad, nuestro sistema universitario estará en riesgo de colapsar y, con él, nuestro futuro como país», sentenció Pérez Mateos.

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En esa misma línea se situó el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, quien considera que la nueva ley de universidades va a suponer un «enorme perjuicio al sistema español». Y es que, como advierten sus 'colegas' en otras universidades, la ley no prevé un apoyo económico específico para el importante desembolso en plantillas que tendrán que llevar a cabo. Anteriormente, el máximo responsable del estudio salmantino ya arremetió contra una norma que, más allá de descuadrar el balance de los centros, «genera nuevos problemas» y, además, «presenta un claro sesgo ideológico» que terminará con la autonomía universitaria.

Tampoco convence la LOSU a las universidades privadas. El máximo responsable de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, opinó ayer en el acto de apertura del curso de la institución que se trata de una «ley fruto de una imposición», algo que justificó alegando que «para acceder a los fondos Next Generation era preciso que el Estado español aprobara una Ley Orgánica de Universidades». Pero, a su juicio, no ha servido para modernizar el sistema. «Podía haber sido una oportunidad para adaptar la universidad española a las necesidades de un nuevo siglo, de una nueva era y se ha quedado en menos», defendió.

Sí reconoció, no obstante, que tendrá más repercusión sobre las universidades públicas sobre todo, dijo, «en temas de organización y financiación», informa Ical. Al contrario que el resto, el máximo responsable de la Isabel I apunta un tanto positivo a la LOSU; el hecho de que aborde «el problema y la necesidad de la internacionalización».

En todo este proceso que casi todos califican como un «reto», la Consejería de Educación «apoyará» a las universidades, ha subrayado en varias ocasiones la titular del departamento educativo, Rocío Lucas. Pero a la administración tampoco le salen las cuentas. «Se ha hecho una legislación sin financiación. El papel lo aguanta todo, pero luego hay que ponerlo en práctica», aseguraba tras recordar que es la Junta la que tiene transferidas las competencias en esta materia y la que financia, en parte, a las universidades.