Ayuso aprobará la nueva ley de Universidades antes de fin de año para hacer frente al «lastre» de la norma nacional

Ayuso ha participado este martes en el solemne acto de apertura del curso académico, en la Universidad Politécnica de Madrid, y allí ha subrayado que la legislación nacional plantea, «entre otros problemas, un tremendo impacto económico». Según el cálculo de las propias universidades al que se ha referido Ayuso, es un un sobrecoste de más de 100 millones de euros; «y eso contando sólo las universidades públicas de la región». «Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite», ha advertido.

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Esta nueva ley regional incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades, «que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo», según ha destacado la presidenta madrileña.

En su intervención en este acto académico, Ayuso ha subrayado que el objetivo de la ley que prepara el Gobierno regional es hacer un sistema «más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios».

La presidenta regional ha criticado una ley nacional que, “lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad” lo que hace es “allanar el camino a la politización de los campus” y, con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación.

“Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros”, ha denunciado.

La nueva ley regional de Universidades abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación del personal laboral. Para ello, el Ejecutivo Autonómico está trabajando en una comisión que tiene como objetivo velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes.