Mejora hasta el 87,8 por ciento la rendición de cuentas de los ayuntamientos de Castilla y León

Su intervención tenía por objeto presentar también otro trabajo sobre la fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 en Castilla y León, que quedó aplazado en la comisión anterior, y el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad correspondiente a 2021.

Con relación al primer informe, Amilivia destaca que Castilla y León sigue presentando valores superiores a la media nacional en cuanto a la rendición de cuentas de los ayuntamientos y pone el foco en el caso de Salamanca, León, Zamora y Valladolid, que registran, respectivamente, porcentajes de rendición de sus cuentas del 92,3%, 89,6%, 89,5% y 88%.

Salamanca es la que mejor indicador presenta tanto para la totalidad de sus entidades locales como para los ayuntamientos y Segovia presenta el índice más bajo en cuanto a los ayuntamientos (82,3%).

El informe recoge que el sector público local está integrado por 4.748 entidades locales y 178 entes dependientes y adscritas a las entidades locales (31 organismos autónomos, 56 sociedades mercantiles, 3 entidades públicas empresariales, 47 consorcios, 31 fundaciones y 10 asociaciones.

A la fecha de cierre de este análisis (31 de octubre de 2022) 2.764 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2021, un 58,2% del total, produciéndose una mejora con relación al ejercicio 2020 de 0,3 puntos porcentuales.

Entre sus recomendaciones fundamentales, el Consejo de Cuentas propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración; o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras Administraciones públicas a la efectiva rendición de cuentas.

Con respecto al segundo informe de fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 en Castilla y León, recoge entre sus conclusiones que las emisiones de gases de efecto invernadero totales de 2020 fueron 21.489 kilotoneladas de CO2 equivalente, lo que representa un 7,43% del total nacional, frente a las 29.708 kilotoneladas de 2009, lo que supuso un descenso del 27,67% en el horizonte temporal de la estrategia y un 36,11% respecto al año base 1990, colocando a Castilla y León como la tercera Comunidad que más redujo sus emisiones entre 1990 y 2020.

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En cuanto a las recomendaciones, el informe apunta que la Junta, al igual que ya han hecho el Estado y otras comunidades autónomas, debería concluir cuanto antes la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para disponer así de un marco legislativo propio, basado en la ordenación de las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, objetivo en el que, como así también aconseja, debería crear la Oficina de Lucha Contra el Cambio Climático.

También, que Medio Ambiente, en colaboración con el resto de las Consejerías y entes de la Administración autonómica con competencias en la materia, debería elaborar una nueva estrategia integrada de energía y clima para el horizonte 2030 e iniciar los trabajos necesarios para elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático, siguiendo los pasos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de la Comisión de Adaptación al Cambio Climático.