Mañueco, a los relatores de la ONU: «La prioridad es proteger a las víctimas»

Antes de participar, en su calidad de presidente del PP de Castilla y León, en un acto en Reus con motivo de las elecciones en Cataluña en apoyo del candidato del PP por Tarragona, Pere Lluís Huguet, explicó que en su momento «analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer». En todo caso, defendió que en la norma que se tramita en la Comunidad «no hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación», al tiempo que «también es una prioridad política cuidarlas».

El informe no vinculante está firmado por tres expertos independientes. Son Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Desde la ONU, según informaba ayer a Newtral.es, trasladaron que este tipo de documentos «no expresan una postura» de las Naciones Unidas, aunque sus «informes pueden llegar a otras instancias». Mientras Tudanca 'tiró' del informe para señalar que estas leyes «suponen invisibilizar los graves crímenes que el franquismo cometió contra miles y miles de personas» y son «una sangrante violación de derechos humanos».

Además, el burgalés destacó que desde los tres expertos sostienen que estas normativas «dificultan enormemente la participación de la sociedad civil, de las asociaciones de la memoria democrática y de los familiares de todas aquellas víctimas de graves violaciones de derechos humanos» y, en definitiva, «saber lo que pasó». «Escuchar desde el Partido Popular que la ONU miente ya es la gota que colmó el vaso. No sé si ya también la ONU será 'sanchista'», ironizó en este sentido. Por ello, pidió al presidente de la Junta que retire «de forma inmediata» la tramitación de esta ley. «Pero más allá de eso, uno se pregunta si puede presidir Castilla y León alguien que la arrastra por el fango internacional cada día. Esta reflexión, desde luego, la tiene que hacer el señor Mañueco, porque solo en esa disyuntiva le quedan dos opciones, o echar a Vox del gobierno o irse él. No queda más opción», concluyó.

En una línea muy diferente se pronunció el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, quien se preguntó «quiénes son los relatores, qué saben de la legislación española y qué saben sobre el contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento». El burgalés dijo que están «deseando» recibir formalmente el documento para analizar «si tiene una visión imparcial de la situación o si por su trayectoria están condicionados».

En este contexto, defendió de nuevo que «es de justicia tratar de una manera neutral y amplia a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX y de eso no nos va a mover la ONU».

Preguntado por la posibilidad de que se modifique el texto registrado en las Cortes junto al PP, para la inclusión de una condena expresa a la dictadura franquista, el vicepresidente de la Junta sentenció que «no sería razonable» y recordó, por ejemplo, que «ambos partidos estamos absolutamente de acuerdo en que nadie debe sufrir el dolor de tener un familiar enterrado en una cuneta» sea «por persecución religiosa en la II República o política durante el franquismo. Lo demás son bombas de humo de la izquierda y maniobras de distracción», dijo.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, que presentó en su día la proposición de ley junto a su homólogo en el Grupo Popular, Raúl de la Hoz, cuestionó el proceso seguido, la documentación analizada y a los mismos relatores al señalar que uno de ellos es «amigo íntimo» de Baltasar Garzón. Por último, señaló que esos informes no son vinculantes y que las Cortes de Castilla y León son «soberanas» en la aprobación de leyes.

Preguntado después el 'popular' Miguel Ángel García Nieto, manifestó que su grupo estudiará el informe para añadir que se trata de «la opinión de unos relatores», pero «no» de la Organización de las Naciones Unidas. Por el contrario, el procurador Francisco Igea manifestó que es un «informe demoledor» y destacó que es la primera vez que Naciones Unidas se pronuncia sobre un asunto que atañe a Castilla y León. «Llama la atención» opinó después el procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña sobre este informe, si bien dirigió su critica a la «confrontación ideológica y de bloques» entre PP, Vox y PSOE, en vez de «abordar problemas serios» de los ciudadanos.