Aragón, Castilla y León y Valencia califican de «bulo» el informe sobre memoria enviado a la ONU por tres relatores

Naciones Unidas ha aclarado que no es la propia organización la que ha emitido el informe, sino un grupo de tres relatores especiales, que vienen a ser expertos independientes que trabajan de forma voluntaria para la ONU.

Los firmantes del documento alegan que las normas autonómicas, que derogan la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en octubre de 2022, pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista», unas conclusiones que no comparten los presidentes autonómicos afectados.

Noticia Relacionada

La España rota de la memoria histórica

Juan Fernández-Miranda

Tras tres décadas de consenso hasta 2002, el revisionismo de la izquierda cumple 18 años con un país fracturado, dos leyes de memoria y la derecha reaccionando

Por un lado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco –cauto al no haber leído con «detenimiento» el escrito de la ONU–, ha reivindicado el «tratar siempre bien a las víctimas, a todas sin distinción» como una «prioridad política» en su región. «Esa es nuestra principal preocupación», ha expresado el líder popular durante una visita al Mercado Central y la zona comercial de Reus. El dirigente popular se encuentra este viernes en Cataluña con motivo de la campaña electoral de la cita del 12M.

Más contundente se ha mostrado su vicepresidente Juan García-Gallardo. «Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución», ha cuestionado el líder de Vox en Castilla y León, que ha defendido que es «de justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas. «De eso no nos va a mover la ONU», ha reiterado, recoge Ep.

También se ha mostrado crítico el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. «Desde que asumí el cargo he iniciado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la horrible dictadura franquista y la nueva ley de la concordia consolida todavía más sus derechos», ha defendido, aseverando que los firmantes del informe «ni se habrán leído la ley valenciana ni conocerán la realidad de la Comunidad Valenciana».

El líder del PP valenciano ha aclarado que sólo conoce la «filtración del documento», del que no tiene constancia oficial, y entiende que «si hay alguna referencia, en ningún caso es sobre la ley valenciana ni el caso valenciano». Para él, la norma impulsada por su partido y Vox «no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política que también ha habido en España» que cree que «también tienen derechos». Informa Alberto Caparrós.

Por último, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el informe conocido este viernes contiene «errores de bulto» y «bulos». En declaraciones a los medios en Jaca (Huesca), el líder del PP en la comunidad aragones ha confesado haber conocido el escrito «por los medios de comunicación», algo que considera «muy difícil de explicar».

«Lo que dice ese informe es lisa y llanamente mentira. No es verdad que haya una ley alternativa. No se está tramitando ninguna ley en las Cortes de Aragón ni se ha anunciado ninguna ley. Lo que se ha anunciado es un plan de concordia en el que todo el mundo pueda verse reflejado. Y, por lo tanto, creo que debería haber más seriedad en ese tipo de informes, más cuando se trata de organismos internacionales tan importantes», ha expresado, recoge Servimedia. A su juicio, «si no hay seriedad, ni en el fondo ni en la forma, deja en mal lugar a la ONU, que no ha querido tener la información de todas las partes».