La ley de eutanasia suma más de 800 sanitarios objetores en dos años en Castilla y León

Ya superan los 800 los profesionales sanitarios inscritos en el registro en el que dejan constancia que no participarán en facilitar una ayuda para morir. Además, según los últimos datos, a 31 de diciembre de 2022 -últimos datos disponibles, por lo que faltarían por contabilizar los de este año-, se contabilizaban 24 solicitudes para la aplicación de la eutanasia en la Comunidad, de las que once se hicieron efectivas, explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.«Nosotros claramente cumplimos la ley», defendió Carriedo, quien subrayó que en la aplicación de la norma de carácter estatal ha de compaginarse el derecho a la muerte digna que contempla por parte de los solicitantes y también el «respeto» a la objeción de conciencia de los profesionales.

En este último caso la cifra sigue sumando sanitarios. Según esos últimos datos facilitados -correspondientes también al pasado 31 diciembre-, en el registro habilitado en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León tanto para trabajadores de centros privados como públicos figuraban 785 objetores de conciencia. Supone que sólo en seis meses aumentaron en 160, pues en junio de 2022, cuando se cumplía un año de la entrada en vigor de la ley, figuraban 625.Del total, la mayor parte son médicos: 582. Además, también había 192 profesionales de enfermería inscritos en el registro de objetores de conciencia a aplicar la eutanasia en la Comunidad, así como 11 farmacéuticos.

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En cuanto a las solicitudes de eutanasia pedidas en año y medio en Castilla y León, fueron 24, de las que once se llevaron «a término» ya que «cumplían las condiciones» para practicar la eutanasia, precisó Carriedo.

En los otros casos, bien los propios solicitantes desistieron, fallecieron antes de la resolución del expediente o «no cumplían» los requisitos para aplicar la eutanasia.

«Nosotros garantizamos el cumplimento de la ley» tanto para los pacientes como para los profesionales, recalcó el portavoz del Ejecutivo Autonómico. Una Comisión de Garantías y Evaluación regula la ayuda para morir como primer paso para aplicar la controvertida norma del Estado. Se trata del órgano formado por 15 personas, entre juristas y médicos, encargado de velar por el procedimiento sanitario, de que las personas solicitantes están en disposición de hacer la petición y de vigilar que se cumplen estrictamente las condiciones recogidas en la norma: «Padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».

Una vez que se ha realizado una solicitud, es el denominado «médico responsable» el que de inicio se encarga de atender al paciente y de analizar la situación y, más tarde, un «médico corrector», ajeno al equipo del anterior, verifica el proceso. Si ambos sanitarios están de acuerdo, se deriva a la Comisión, que designa a otro sanitario y un jurista para determinar si continúa adelante. En caso de discrepancia entre ambos, interviene el pleno, ya que no todos los casos son claros, y lo que se busca es un proceso «garantista» a la hora de cumplir con la petición de eutanasia.