Sanidad trabaja ya en crear la Comisión que decidirá sobre los casos de eutanasia en Castilla y León

Los gobiernos autonómicos tienen todavía algo más de dos meses para crear la Comisión de Evaluación y Garantía , el filtro final que decidirá sobre la aplicación o no de la eutanasia a un paciente terminal, una «prestación de ayuda a morir» que pasa a formar parte de la cartera de servicios comunes del Sistema nacional de Salud. En esta tarea trabaja ya la Consejería de Sanidad , que deberá diseñar todo el proceso necesario que recoge Ley Orgánica que, obviamente, es de obligado cumplimiento para las autonomías.

De esta forma, desde junio, cualquier persona mayor de edad y con un año de empadronamiento en España que sufra «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» podrá pedir la eutanasia o el suicidio asistido. Deberá tener el consentimiento de su médico y de un segundo profesional sanitario ajeno a su equipo médico habitual. Será después cuando la solicitud tenga que ser analizada por la citada Comisión, que tiene la última palabra. En caso de aprobación, la eutanasia se aplicará con un tiempo máximo de 32 días.

Este equipo técnico y profesional decidirá si autoriza la muerte asistida a un paciente. Tendrá carácter multidisciplinar y contará con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas. Deberá resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse. En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la ayuda requerida a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios.

Los colegios de médicos se preparan para abordar esta tarea o, más bien, tratan de aclarar y resolver todo lo relacionado con esta polémica Ley en la que se mezclan cuestiones no sólo sanitarias, si no también éticas y religiosas. El órgano colegiado de León ya ha celebrado un primer curso para abordar una «normativa farragosa, pero que responde a una amplia demanda social de regular las distintas formas de enfrentarse a la muerte, entre las que se encuentra la opción de la eutanasia, algo que debe ser considerado siempre como una excepción y respetando el derecho a la objeción de conciencia». Son palabras Antonio Blanco Mercadé, vocal de la Comisión Central de Deontología de la organización médica colegial y presidente del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León, para quien «superado el debate, vamos a los hechos consumados y a entrar en las medidas que tenemos que aplicar, pensando siempre en el paciente» . Blanco cree que lo importante ahora es conocer bien el procedimiento y poder informar a la población. En este sentido, considera que la normativa es garantista con el enfermo ya que la eutanasia sólo se puede aplicar «si el paciente que la pide tiene un sufrimiento insoportable». «No obliga a nadie pero no penaliza y siempre son casos excepcionales», advierte, aunque alerta sobre la necesidad de «asegurarse de que la Ley se cumple, que no sea un coladero y que se vaya cediendo en otros casos».

Aún así, como la gran mayoría de facultativos , pone el foco en los cuidados paliativos, «que no son universales y hay gente que no está muriendo bien», aunque reconoce que en Castilla y León «funcionan pero son insuficientes y no llegan a todo el mundo» . «Hay que tener muy claro que la gente no se quiere morir; lo que no quiere es vivir sufriendo». La gran crítica, para Blanco Mercadé es que se pretenda crear un registro de médicos objetores, porque «a nadie le pueden pedir que declare sus ideas».

En esta misma queja coincide el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí , quien señala que «no queremos un registro que nos estigmatice y etiquete», al tiempo que lamenta que se haya legislado sin contar con los profesionales y con las asociaciones de pacientes. También el órgano colegial vallisoletano trabaja estos días en analizar la Ley de Eutanasia, pero sobre la base de que «no vamos a hacer un posicionamiento ideológico sino un análisis técnico», conscientes de que se trata de un asunto en el que se mezclan ideología, religión e, incluso, política . Así que, además de avisar de que la Junta tiene «mucha tarea por delante», como es la creación de la Comisión, Almudí señala que lo más importante a partir de ahora es «aclarar conceptos y hacer docencia entre los profesionales». Y también entre la población en general porque, recuerda, «se están confundiendo muchos términos: eutanasia, sedación, cuidados paliativos...» . «Lo que todos deseamos es una muerte digna y eso no es eutanasia. Se trata de utilizar las herramientas farmacológicas necesarias para evitar el sufrimiento del paciente y de su familia», explica.

Los cuidados paliativos son para los profesionales de la sanidad la clave para evitar que un paciente llegue a plantearse la eutanasia. En Castilla yLeón se busca legislar en esta línea y, de hecho, la primera iniciativa que vio la luz en el verano de 2019 tras conformarse el nuevo Gobierno autonómico PP-Cs fue el proyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida. Aunque muy ralentizada en su tramitación —la pandemia lo ha parado todo— en principio la propia Consejería de Sanidad ha anunciado que podría aprobarse definitivamente antes del verano, para pasar después a su desarrollo y aprobación definitiva en las Cortes autonómicas.

El citado texto regula también el derecho de los pacientes graves o incurables a solicitar la sedación cuando no se consigan controlar los síntomas. En otro de sus artículos se detalla que «toda persona tiene derecho a rechazar el tratamiento, intervención o procedimientos propuestos por los profesionales sanitarios, incluyendo las medidas de soporte vital, tras un proceso de decisión libre, voluntaria y consciente».