El jurado popular considera por unanimidad culpable al acusado del asesinato de 'La Fiestuki'

Después de que la acusación pública y las defensas expusieran este jueves sus informes finales, el jurado, en su veredicto recogido por Ep y dado a conocer en la tarde de este viernes, tras tres jornadas de juicio celebradas en la Audiencia de Valladolid, considera acreditado, por unanimidad, que Rubén A.S. es autor de asesinato, amenazas y tenencia ilícita de armas, sin ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal -alteración por toxicomanía- mientras que ha exculpado a su novia, Carmen S.S, del tercero de los delitos, que era el único que se le imputaba.

Una vez conocido el veredicto, que reproduce prácticamente en su integridad la tesis y relato fáctico del fiscal, el acusador público, que había pedido inicialmente un total de 21 años de cárcel para Rubén, ha acordado ahora solicitar 17 por el delito de asesinato, dos por las amenazas y un año y medio por la tenencia ilícita de armas (en total 20,5 años).

Asimismo, ha pedido que en concepto de responsabilidad civil indemnice tan solo al Sacyl con 2.028 euros por la asistencia dispensada al fallecido, y ha retirado las cuantías que inicialmente había solicitado para los padres de la víctima, ya que la madre había renunciado a cualquier indemnización y el progenitor ni siquiera tenía relación con la víctima desde hacía muchos años.

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Además, el acusador público, en consonancia con el fallo del jurado, se ha mostrado contrario a la remisión condicional de la pena impuesta a Rubén S.A. y de cualquier posible indulto.

Por su parte, el defensor del autor del crimen tan solo se ha pronunciado respecto del delito de tenencia ilícita de armas, para el que ha pedido un año de prisión, al tiempo que ha anunciado ya su intención de recurrir el fallo al Tribunal Superior de Justicia.

Durante el juicio, el principal acusado se declaró inocente y atribuyó el crimen a una tercera persona que aquella madrugada se desplazó con él y otras personas más en varios coches desde Salamanca a La Cistérniga pero que rechazaba identificar ante las supuestas amenazas de muerte recibidas para que mantenga su anonimato.

En su versión exculpatoria, Rubén explicó que cuando se produjeron los hechos tanto él como su novia permanecían dentro del coche consumiendo droga y no se enteraron de lo ocurrido hasta que varios de sus acompañantes que habían entrado en la sala les advirtieron de ello y les invitaron a salir huyendo de allí, cosa que hicieron ya que el acusado se encontraba por aquellas fechas en busca y captura por violencia de género.

Además, Rubén negó ser el propietario de la pistola utilizada en el crimen y explicó que si la Guardia Civil se la ocupó en un registro practicado un mes después en su vivienda de Salamanca, donde se encontraba escondido, fue porque la misma era propiedad de uno de sus acompañantes aquella madrugada, Alberto S, y éste le había pedido que se la guardara. «Es el dueño del arma pero no el autor del disparo, aunque me acusa a mí porque tiene todavía más miedo al verdadero responsable», sostuvo el presunto asesino.

Casualmente, el tal Alberto y su exnovia, Tamara P, testigos protegidos, son las únicas personas que han responsabilizado directamente del asesinato y de la propiedad del arma a Rubén -no presenciaron el crimen pero sostienen que el acusado se lo confesó a posteriori- y que han denunciado las amenazas recibidas del encausado y de su entorno para que declararan en el juicio a su favor o realizaran un ejercicio de amnesia.

Pese a ello, ocultos tras un biombo, ambos testigos mantuvieron finalmente la incriminación de Rubén y aseguraron que éste les reconoció haber mantenido un altercado con un hombre, armado éste con una barra de hierro, y que había tenido que utilizar la pistola, confesión que Alberto asegura haber recibido aquella noche vía 'was' en su teléfono cuando se hallaba aún dentro de la 'disco' y el autor ya había huido en coche, mientras que Tamara, quien no se encontraba ni siquiera en la villa vallisoletana, explicó que fue puesta al corriente del trágico suceso bastantes horas después en Salamanca por quien apretó el gatillo.

El reconocimiento aportado por ambos ha sido el único con el que ha contado el jurado, ya que el propio dueño de la sala y dos de sus empleados, a pesar de presenciar el crimen a escasos metros de distancia, han rechazado en el juicio que el autor fuera Rubén y también han negado que éste les amenazara minutos después con pegarles un tiro si no le abrían la puerta del aparcamiento para permitirle huir del lugar.

Ante la 'amnesia' y «declaración renuente y olvidadiza» de los tres testigos, el fiscal del caso ha pedido su procesamiento por delito de falso testimonio en su intento por encubrir a Rubén, a quien el acusador público vino a definir como un hombre «muy violento un lobo con piel de cordero» por haberse presentado ante el jurado como un mero yonqui que ha pagado su adicción a las drogas con la desintegración de su núcleo familiar.

El fallecido, Brayan L.C. recibió un único tiro a la altura del tórax, por debajo del esternón, que afectó al hígado y provocó un hemiperitoneo o hemorragia masiva que provocó su muerte por fallo multiorgánico pese a la intervención a la que fue sometido y numerosas transfusiones que no pudieron evitar su óbito diez horas después del incidente en el hospital, sobre las 11.30 horas del día 2 de agosto de 2022.

Las defensas de Rubén y Carmen habían pedido un fallo absolutorio por falta de pruebas tras advertir de que la investigación de los hechos realizada por la Guardia Civil fue, en palabras del primero, «confusa y deficiente» al no haber profundizado en una serie de detalles de vital importancia para el esclarecimiento real de lo ocurrido. En este sentido, el letrado de Rubén recordó que los únicos «testigos directos», el titular y dos empleados de 'La Fiestuki', han exculpado a su patrocinado en el acto de juicio oral, mientras que la única incriminación contra su cliente la realizan Alberto y Tamara, «meros testigos de referencia».

El defensor puso en tela de juicio el testimonio de Alberto S, la persona a la que su cliente atribuyó en el juicio la propiedad de la pistola y criticó que la Guardia Civil no investigara a otras muchas personas que la noche de autos llegaron a La Cistérniga desde Salamanca.