Junta y opas piden a Ribera derogar de forma «inmediata» la orden que protege «estrictamente» al lobo

A través de una carta con dirección al Ministerio para la Transición y Reto Demográfico de Teresa Ribera, exigen «que se derogue de forma inmediata» esa orden ministerial dictada «sin consenso» ni el aval de datos científicos y «manchada de irregularidades», según cuestionó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recordó que esa polémica inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ya está en vía judicial.

Así que una posibilidad para que el canis lupus recupere el estatus anterior es que el Gobierno «se allane» en ese proceso, detalló, o que dicte otra norma que tumbe la que firmó en 2021. Eso sí, aunque Junta y organizaciones agrarias están dispuestas a seguir peleando en esta batalla en la que «no» buscan «ni vencedores ni vencidos», son conscientes de que las declaraciones desde el departamento de Ribera «no dan mucha esperanza».

Como tampoco el hecho de que desde que en diciembre se conoció la decisión «esperada y muy trabajada» de la Comisión Europea para que el lobo deje de ser especie «estrictamente protegida» y pase a «protegida» el Ministerio ni se ha dirigido a las autonomías ni a las organizaciones agrarias. Pero precisamente el cambio de postura en el ámbito comunitario, que «por primera vez asume que se ha pasado de frenada» en su afán proteccionista, según advirtió el líder de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, es el argumento que Junta y organizaciones agrarias hacen pesar en su misiva a Ribera.

La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha el «cronómetro» que le «quema» al Gobierno, porque «camina en sentido contrario», incidió el consejero para armar su reclamación, a la vez que advirtió de que la «inacción» en este sentido por parte del departamento de Ribera va «en perjuicio del medio rural». Esta marcha atrás, incidió, «no tiene excusa», pues «depende sólo de la voluntad política» del Ejecutivo central, a quien la UE no puede obligar a flexibilizar la normativa.

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Pero ahora, añadió el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, el Ministerio «no tiene ningún argumento» de los esgrimidos entonces para elevar al máximo la protección del lobo. Si no lo hace por iniciativa propia, advirtieron, serán organizaciones agrarias y administraciones -caso de la Junta de Castilla y León- las que «obligarán» a la convocatoria de la Comisión de Biodiversidad para que si en 2021 atendió la petición de la asociación proteccionista Ascel, ahora «dé marcha atrás» en la polémica inclusión del lobo en el Lespre. «Apelamos a la sensatez», clamaron. «Que nadie nos dé lecciones» de conservación de la especie, recalcó Quiñones, quien recordó que si en los años 70 del pasado siglo se contabilizaban en Castilla y León unos 400 lobos, ahora rondan los 2.000 ejemplares y el nuevo censo decenal que se ultima, apunta al alza en las 179 manadas contabilizadas en el último, de 2012-2014.

«Está más en peligro de extinción el ganadero que el lobo», advirtió Aurelio González, de La Alianza UPA-COAG, quién pidió «ir a más» en ese control cinegético anterior, pues, recordó apenas se cubrían la mitad de los cupos autorizados para la caza.También al amparo de esa puerta abierta por la Comisión Europea para rebajar la «estricta» protección del lobo y que sea «gestionable», la carta acordada lleva escrita una segunda petición.

Reclaman que «colabore y trabaje» con las instituciones europeas y las comunidades en la modificación de las normas -Convenio de Berna y directiva Hábitat de 1992- de modo que el lobo tenga en «toda Europa» el régimen que existía en el norte del Duero y «sea gestionable», de modo que pueda ejercerse también su control al sur del río en el caso de Castilla y León.