Junta y diputaciones sellan su alianza para crear empleo y asentar población

El fondo cuenta con una dotación anual de 20 millones de euros, si bien la participación conjunta de diputaciones y ayuntamientos para la realización de estas obras e infraestructuras, que también aportan financiación, hace que la cifra llegue al menos hasta los 33,2 millones de euros, que «pueden aumentar aún más» hasta una cifra similar a los casi 40 millones que se alcanzaron en años anteriores.

En declaraciones recogidas por Ical durante el acto de firma de las adendas, Gago incidió en el carácter «estable y permanente» que ha adquirido este fondo, que beneficia a 2.232 de los 2.248 municipios con los que cuenta Castilla y León y que nació en el año 2020 «gracias a la voluntad municipalista del presidente de la Junta», Alfonso Fernández Mañueco.

La inversión permitirá «mejorar y modernizar los servicios públicos locales, crear oportunidades de empleo y asentar y fijar población en lugares afectados por el reto demográfico», tal y como destacó González Gago al resaltar que el 40 por ciento de los 20 millones de dotación autonómica del fondo se asignan con criterios de despoblación y tasa de paro de los municipios. De esta manera, cuatro provincias de la Comunidad obtienen un porcentaje mayor que si se hubiesen aplicado los criterios habituales del sistema de financiación local, con Soria aumentando su cuantía un 79 por ciento; en Zamora sube un 39%; en Ávila, un 19 por ciento, y en Palencia, un 14. «Por eso es de cohesión territorial, porque refleja la solidaridad interprovincial de nuestra Comunidad», incidió González Gago, que también destacó la coparticipación de diputaciones y ayuntamientos que permite que el volumen general de contratación para las obras e infraestructuras incluidas en el fondo alcance los al menos 33,2 millones de euros mencionados.

Así, en los 2.007 municipios de Castilla y León que tienen menos de 1.000 habitantes, la Junta aporta el 50 por ciento de la financiación de la obra, mientras que el ayuntamiento correspondiente invierte un 25 por ciento y la diputación provincial el 25 por ciento restante. Mientras, en las 225 localidades que tienen más de 1.000 pero menos de 20.000 habitantes, el Gobierno regional aporta el 75 por ciento por el 25 por ciento de inversión municipal.

Por su parte, y en representación de los presidentes de las diputaciones provinciales, la máxima mandataria de la Diputación de Palencia y también presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, destacó el de ayer como un «día importante para el municipalismo» de Castilla y León que demuestra «el compromiso del presidente de la Junta y su gobierno» con los pueblos de la Comunidad.

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Por ello, aseguró que «no es un simple acto administrativo de firma», sino que estabiliza la herramienta que «aporta seguridad jurídica y refuerza la buena gestión de los municipios», desde la «colaboración y cooperación entre administraciones» para desarrollar un modelo que «garantiza la viabilidad de proyectos esenciales para los municipios más pequeños».

De esta manera, «sumando esfuerzos y compartiendo objetivos, somos capaces de mejorar la vida diaria de nuestros pueblos», apuntó la presidenta de la Diputación de Palencia, que destacó además los beneficios «tangibles» que estas inversiones tienen para los pueblos con inversiones que «serían inasumibles con fondos propios» y que permiten «modernizar infraestructuras básicas y servicios esenciales».

Por último, destacó la «solidaridad interterritorial» que supone el Fondo de Cohesión Territorial de Junta, diputaciones y ayuntamientos, porque permite el «equilibrio provincial» y la «igualdad de oportunidades» en una Comunidad tan extensa como Castilla y León, donde el municipalismo es «seña de identidad».

Además de Armisén, firmaron la adenda los presidentes de las diputaciones de Ávila, Carlos García; Burgos, Borja Suárez; León, Gerardo Álvarez Courel; Segovia, Miguel Ángel de Vicente; Soria, Benito Serrano; Valladolid, Conrado Íscar; y Zamora, Javier Faúndez, así como el vicepresidente de la Diputación de Salamanca, Carlos García Sierra.