El Gobierno compromete ochenta millones para la Ciudad de la Justicia de Valladolid

El acuerdo suscrito entre el alcalde, Óscar Puente, y la subsecretaria de Justicia, María Sánchez, recoge la hoja de ruta para la ejecución del proyecto anhelado para poner fin a la peregrinación de la comunidad judicial por la dispersión de sedes. Así, se establece que la primera operación será la cesión al Ministerio de las parcelas en las que se ubicará el Campus de la Justicia: la del Colegio El Salvador y la del espacio vacío del antiguo Hospital Río Ortega. Se espera que en enero se haya concluido.

Arrancarán entonces los trabajos para concretar el anteproyecto «de la mano» de las dos administraciones y con la colaboración de los interlocutores de la justicia para definir qué y cómo se ejecuta. Se han planificado dos fases y la intención del ayuntamiento y el sector es que en la primera, con un presupuesto de 50 millones y un plazo de ejecución entre 2024 y 2027, se levante un edificio que aborde la dispersión, poniendo bajo el mismo techo las sedes que hoy se diseminan por la plaza del Rosarillo, Nicolás Salmerón y la calle San José, para proceder en una segunda fase con las instalaciones que deban cubrir «necesidades futuras» y el aparcamiento, que bajo una dotación de 29,8 millones se desarrollaría entre 2028 y 2031.

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Con este acuerdo, Puente agradeció la «voluntad» del Ministerio de «plasmar por fin» por escrito un «compromiso que «desbloquea completamente la situación» y «va mucho más allá de una declaración intenciones» y quiso «agradecer» el apoyo del sector judicial y de los grupos políticos que aunaron su voz, pese a que dos de ellos, Vox y PP, no acudieran a la firma.

La presidenta del Grupo Popular, Pilar del Olmo, consideró el acuerdo «una nueva tomadura de pelo» porque «no es vinculante» y los Presupuestos no lo contemplan. El Gobierno apunta a partidas no territorializadas, pero el PP insiste en que se tendrían que haber incorporado por enmiendas.

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