Por un campus «que es de justicia»

En definitiva, tras la pancarta «por el Campus de la Justicia«, han pedido pasos certeros respecto a un proyecto caído en el olvido, que superado el escollo inicial que suponía la obtención de unas parcelas adecuadas ha obtenido como »respuesta una dotación presupuestaria a todas luces insuficiente« y que no pone de manifiesto una »decidida y firme voluntad del Ministerio para acometerlo a corto plazo pese al compromiso adquirido«, ha asegurado el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, durante la lectura del manifiesto.

La importancia del Campus de la Justica radica, ha continuado, en la necesidad de acabar con una dispersión de las sedes judiciales que «impide una adecuada y digna prestación del servicio, obliga a ciudadanos y profesionales a un peregrinaje entre todas ellas, impide la existencia de espacios y medios modernos y adecuados a las actuales necesidades y provoca mayores costes de gestión, seguridad y mantenimiento».

«Valladolid y sus ciudadanos merecen, como han merecido otras ciudades antes, la construcción de un Campus de la Justicia que ponga fin a la dispersión de sedes judiciales». Su puesta en marcha «es de justicia» ha insistido. «Ahora le toca mover ficha al Ministerio», ha apostillado, por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín.

Junto a la comunidad judicial, con un mensaje de unidad de los que no abundan últimamente se han sumado a la protesta los representantes de distintos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Valladolid, que el mes pasado aprobó con el respaldo de todos los grupos solicitar al Gobierno un compromiso para impulsar definitivamente el proyecto.

Hoy han insistido en ello. Desde el alcalde, Óscar Puente, quien ha apuntado que hay «avances» que espera que se materialicen «pronto» y ha ensalzado la «ventaja» que implica la «unidad política» para reclamar al Ministerio que «no se ponga de perfil», a la líder de la oposición, la popular Pilar del Olmo, quien ha abogado por «hacer presión» para que el Gobierno «acepte» el proyecto ras «siete años mintiendo» al respecto.