El fiscal insiste en la condena a la cúpula de la Hullera y alega que «el accidente se podía y debía haberse evitado»

Durante la presentación de su escrito de conclusiones tras siete semanas de juicio, el fiscal ha apuntado a que se produjeron incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad minera y de la obligación del empresario de garantizar la seguridad y la salud de la plantilla. El riesgo de una emanación de metano «inmediata, intempestiva y de gran magnitud», ha dicho, es conocido no es algo inaudito y hay unas normas y medidas para evitar sus consecuencias.

Así, considera acreditado que no se adoptaron, por parte de los altos cargos y los técnicos que dirigían la compañía en ese momento, las medidas oportunas y no obraron con la «diligencia necesaria para evitar el resultado conocido». También ha aludido a que aunque de las pruebas testificales practicadas no se pueda concluir que existieran unas claras señales de alarma sí había preocupación y temor en los trabajadores que trabajaban en el taller siniestrado. «Había preocupación porque aquello no acababa de hundir y había índices altos de metano», ha mencionado como ejemplos.

Por el contrario sobre los vigilantes de primera, Carlos Conejo José Ramón González y Óscar Luis Dopazo, ha señalado que «no consta que hayan incumplido sus funciones respecto al accidente» y en cuanto a los de seguridad, Andrés Rodríguez Cuesta y Alberto Rivero, ha afirmado que «no consta que hayan llevado a cabo actos contrarios a sus funciones relacionados con el accidente», informa Ical.

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Cabe señalar que para los cinco el Ministerio fiscal reclamaba inicialmente penas de tres años y medio de prisión, al igual que para los otros once acusados. Respecto a las indemnizaciones, el fiscal renuncia a las planteadas originariamente respeto a lo que afecta a la compañía Mapfre, que ha abonado a los afectados cantidades superiores a las que solicitaba.

Las defensas han avanzado que reclamarán, en caso de que exista sentencia condenatoria, la aplicación de las atenuantes de dilación indebida muy cualificada y la de reparación del daño, por los acuerdos económicos alcanzados. El fiscal no estima que proceda.