Detenido en Valladolid un empresario por obligar a 16 jornaleros a trabajar a destajo y en «jornadas maratonianas» en el campo

Esta detención ha sido fruto de la actuación conjunta de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid en el marco de colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se remontan al pasado 13 de septiembre cuando se llevó a cabo la ejecución operativa de una inspección en un viñedo ubicado en la localidad vallisoletana de La Seca, donde se localizó e identificó una cuadrilla que estaba realizando labores de vendimia, lo que dio lugar a una investigación

Este viñedo era explotado por una familia de la zona que «ante la necesidad de cumplir con los plazos de entrega de la uva» decidió contratar los servicios de un empresario intermediario dedicado a la prestación de servicios agrícolas para que les facilitara trabajadores para la vendimia.

Según informa la Policía, el empresario proporcionó a esta familia una cuadrilla compuesta por dieciséis jornaleros. Él recibía el pago del propietario de la explotación para distribuirlo después entre los jornaleros, y se quedaba una parte de cada uno, «por lo que su beneficio personal aumentaba en atención al número de trabajadores contratados».

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Los 16 trabajadores identificados carecían de contrato laboral y alta en el Sistema de la Seguridad Social, eran ciudadanos de origen rumano y se encontraban en situación administrativa regular en España, «por lo que no existía ningún impedimento legal para su contratación y tramitar su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social».

Según aseguran las mismas fuentes policiales, los trabajadores realizaban «jornadas maratonianas» y trabajaban a destajo «para finalizar cuanto antes y poder ser trasladados a otro campo». El empresario también les proporcionaba alojamiento en un municipio de la provincia de Segovia y era el encargado de entregarles el salario, del que descontaba gastos derivados de la vivienda y del transporte al lugar de trabajo.

Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación «e informes elaborados con fundamento» en la actuación conjunta, se pudo determinar que el empresario había incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto un delito de ocupación simultánea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social.