Las defensas en 'La Perla' denuncian una década de «pena de banquillo»

Después de que este lunes la fiscal del caso, la Junta, el PSOE y el letrado del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, expusieran sus conclusiones, la segunda jornada para este trámite de informes finales en la Audiencia de Valladolid ha servido para que las defensas de los también encausados Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero mostraran su profundo malestar por el juicio paralelo que sus clientes han tenido que aguantar desde hace más de una década.

Los reproches más encendidos han llegado por parte del letrado del que fuera consejero delegado de Gestural, Juan Carlos Sacristán, pues no solo ha negado que éste incurriera en delito alguno en la operación de arrendamiento y posterior compra en Arroyo de la Encomienda del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') que dicha sociedad pública compró a Urban Proyecta PM3 por 52 millones más IVA, y mucho menos en la adquisición de parcelas para un polígono industrial en Portillo, en la que no llegó ni siquiera a participar, sino que ha acusado al PSOE de buscar un único fin político al personarse en la causa como acusación popular.

«Ha utilizado el caso para buscar el desgaste político en las Cortes del partido que está en el gobierno en Castilla y León», ha criticado el defensor, quien también ha recordado que la causa se inició en 2013 a raíz de un artículo titulado 'El hundimiento de una empresa pública' que derivó en la investigación de todas las sociedades pública de la Consejería de Economía y Empleo por el hecho de que este departamento se encontraba ocupado por Tomás Villanueva, consejero del ramo, vicepresidente de la Junta y presidente del PP de Valladolid.

El defensor ha incidido igualmente en que por aquellas fechas eran noticia casos como la Gürtel, Bárcenas y Lezo...«y por eso empezó este procedimiento para saber si aquí había también financiación irregular del Partido Popular, algo que no se ha podido probar», ha advertido la defensa de Juan Carlos Sacristán, quien frente a ello ha puesto sobre la mesa la grave situación personal y profesional que han padecido su cliente y resto de ocupantes del banquillo.

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«Han pasado trece años en los que mi cliente, su cara y apellidos han venido apareciendo en los medios de comunicación, con peticiones de once años de cárcel y 50 millones de responsabilidad civil; un hombre que ha tenido que aguantar al inicio del juicio que se le acercara una mujer para insultarle y que incluso cuando se encuentra comiendo en un lugar público tiene que soportar gritos de corrupto«, ha relatado el defensor.

En la misma línea se han posicionado las defensas de la que fuera viceconsejera de Economía y presidenta de Gesturcal y ADE Parques, Begoña Hernández, y del director gerente de la primera de las dos sociedades públicas citadas, Salvador Molina, en el sentido de que la letrada del segundo de ellos ha demandado del tribunal un fallo absolutorio para paliar el «estigma social» sufrido por el acusado, mientras que el representante de la primera ha denunciado la «pena de banquillo» arrastrada por su clienta desde hace más de una década.

«Son muchos años de salir en titulares de periódicos. Algunos de los encausados trabajan en empresas privadas a las que se causa un gravísimo perjuicio cada vez que pretenden acudir a un concurso público. En caso de condena entonces ya habrían cumplido pena y podrían estar trabajando dignamente, algo que no han podido hacer«, ha reprochado vívamente el letrado de Begoña Hernández.