Condenado a un año y medio de prisión un empresario marroquí por explotación laboral de compatriotas en el campo

La condena ha sido pactada entre el encausado y el fiscal del caso, de forma que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha sido escenario de una breve vista en la que Albdelkarim I. se ha limitado a ratificar el acuerdo, frente a los cuatro años de prisión que inicialmente solicitaba para él la acusación pública, informa Ep.

Además del año y medio de prisión por delito contra los derechos de los trabajadores, incluye el pago de una multa de 810 euros y la obligación de indemnizar a sus tres víctimas con 2.000 euros a cada una.

El 'explotador' laboral, sin embargo, no ingresará en prisión al haberse acordado la suspensión de la ejecución de la condena. Ello le obliga a no volver a delinquir durante los tres próximos años y a abonar tanto la multa como las indemnizaciones en un plazo de dos años, a razón de 283,75 euros al mes en dicho periodo.

La investigación que llevó a la detención del ya condenado, de 40 años, se produjo en el marco de la operación 'Saigo' a raíz de una investigación que se inició durante los meses de febrero y marzo de 2022. Las pesquisas se centraron en un empresario que residía en la ciudad de Valladolid desde hace más de diez años y que constituyó una empresa individual en el año 2013 para dedicarse a la prestación de servicios en el ámbito agrícola.

Concretamente, proporcionaba mano de obra para la realización de labores agrícolas intermediando muchas veces entre los jornaleros y los propietarios de las fincas.

Para ello, localizaba y contactaba con posibles trabajadores en diferentes puntos de España y los integraba en cuadrillas formadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular, asegurándose así la sumisión a las condiciones laborales impuestas, al tratarse de personas en situación de necesidad o vulnerabilidad por no poder acceder a un empleo legal remunerado.

Las víctimas realizaban jornadas «maratonianas» de más de diez horas diarias, llegando incluso a trabajar de noche si la prestación del servicio agrícola lo requería. Sus víctimas no tenían derecho a descansos ni vacaciones.

El condenado tenía dos viviendas arrendadas sin condiciones de habitabilidad e higiene, una en la calle Hospital Militar de Valladolid y la otra en la calle Eras de Íscar, en las que daba cobijo a sus trabajadores. En la primera convivían 14 personas y en la segunda hasta cuarenta en condiciones insalubres, sin luz eléctrica e incluso dormían en colchones sobre el suelo.

La Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid y las Inspecciones Provinciales de Trabajo de Valladolid y Ávila habían realizado numerosas actuaciones con la empresa unipersonal del detenido, por lo que en el año 2021 el encartado constituyó una nueva Sociedad Limitada figurando como socio y administrador único pero dedicándose a la misma actividad bajo otra denominación con la finalidad de tratar de eludir la actuación inspectora.

El detenido aumentaba exponencialmente su beneficio económico por no cubrir el pago de sus trabajadores, a los que solo entregaba mínimas cantidades de dinero para poder subsistir.

En algunos casos llegó a adeudar a los trabajadores importes que ascendían a más de 4.000 euros y las gestiones de investigación concluyeron que la nueva empresa del detenido había facturado más de 300.000 euros.