Castilla y León exige al Gobierno fondos para gestionar los centros para víctimas sexuales

De hecho, dijo, este jueves se publican en el Bocyl las bases para el concierto de la gestión de estos espacios, cuyo servicio prestarán entidades del tercer sector. «Hasta ahora la atención se hacía a través de las gerencias territoriales», detalló la consejera, y una vez resuelta la licitación -«en pocas semanas»- pasará a hacerse en las sedes de las organizaciones que se hagan cargo por un periodo de cuatro años que después tendrá que irse renovando. Será más tarde, una vez finalizada la adquisición de los locales concretos, cuando pasen a un espacio que será la ubicación definitiva de estos centros.

Unas instalaciones que tendrán atención «ampliada» y «permanente» -24 horas y los siete días a la semana- y para cuya gestión la Junta de Castilla y León exigirá a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una «cofinanciación al 50 por ciento». Se lo propondrá vía carta, expresó, tras recordar que Castilla y León ha venido ejecutando «al cien por cien» los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género, por lo que «son necesarios recursos adicionales».

«Si el Ministerio no quiere, Castilla y León financiará la totalidad del servicio», garantizó. La Comunidad ha recibido un total de 12,5 millones de euros procedentes de Europa para poner en marcha los denominados centros de crisis, una cantidad que, según dijo la consejera, la región ya ha ido desembolsando en cuestiones como la ampliación y mejora de los «recursos habitacionales» que necesitarán algunas de las víctimas que acudan a estos recursos, en los que se asesorará y derivará a las mujeres al ámbito sanitario, psicológico o judicial en función de su situación.

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Además, aprovechó para solicitar una reunión de la ministra con las autonomías para abordar cuestiones como «qué va a pasar con el Pacto de Estado» porque la anterior ministra lo prorrogó hasta 2023 y desconocen el presupuesto y si «habrá nuevas medidas» o la reclamación de Castilla y León de coordinar el sistema nacional Viogen con los datos de los que disponen las comunidades sobre víctimas de violencia sexual o de género. «Es importante que las Fuerzas de Seguridad puedan acceder también a esa información», incidió.

Los centros presenciales se sumarán al recurso virtual 'Atiendo', que comenzará a funcionar el próximo lunes mediante la web www.atiendojcyl.es y el teléfono gratuito 900847484.

«En Castilla y León hemos considerado que teníamos que llegar a todo el territorio, a los 2.248 municipios», explicó Isabel Blanco, quien señaló que este servicio será atendido por profesionales también durante los 365 días del año. «Estará enlazado» con la atención presencial, detalló, y se centrará en asesorar, informar y detectar «situaciones o posibles situaciones» de agresión sexual. Trabajará también en algo que «preocupa», destacó, como es la población más joven. En ese sentido, expresó que resolverá dudas sobre cuestiones como el 'sexting' o 'grooming' o el uso inadecuado de las nuevas tecnologías o redes sociales que pueden suponer un caso de acoso o «de control».

«Es el primer centro de estas características de España», apuntó, tras subrayar que Castilla y León es «pionera» y «puntera» en la atención a las víctimas de violencia de género, con protocolos como los suscritos con el Colegio de la Abogacía de la Comunidad o los psicólogos para prestar atención y asesoramiento o el de «atención integral» de 2020 que sirvió «de referencia» para el Gobierno central.

Además, explicó que, en virtud del acuerdo firmado con los letrados, se atendió en el último año a 230 mujeres víctimas de agresiones sexuales a través de la gratuidad del turno de oficio. En ese punto, le recordó también al Gobierno central que «se comprometió a hacerse cargo de los gastos» de este servicio y aún no lo ha hecho. «A la Junta le preocupan las mujeres víctimas y seguiremos prestando atención y ampliando los servicios», indicó antes de explicar que el asesoramiento psicológico llegó a 438 afectadas por violencia machista, de las que 118 habían sufrido agresiones sexuales.