Arroyo lamenta la 'okupación' de pisos y culpa al Gobierno por su «permisividad»

«Ante la situación producida por la ocupación ilegal, estamos al lado de nuestros vecinos y yo mismo les he transmitido que cuentan con todo nuestro apoyo», ha asegurado el regidor sobre una promoción de en total 200 pisos que tienen licencia de primera ocupación desde 2009.

La constructora quebró y las viviendas que quedaron vacías han ido pasando en manos de administradores concursales hasta que tras una subasta pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) el pasado mes de abril.

Ante este escenario, que deja en «total indefensión a los vecinos, a los que se les aboca a sufrir situaciones de inseguridad y de mala convivencia», el regidor pidió al Sareb, como propietario que actúe para poder proceder al «desalojo» de las casas «ilegalmente ocupadas».

En una reunión que el alcalde mantuvo con los propietarios el pasado mes de diciembre, el Consistorio se comprometió a reforzar la vigilancia -los vecinos aseguran que la policía ya ha acudido en numerosas ocasiones-, porque han recibido algunos avisos, los dos últimos el mes pasado sobre una «posible ocupación y un allanamiento».

Pero tiene «poco margen de actuación», ha insistido, debido a que no son los dueños de las viviendas, que, según ha dicho, no ha contestado a sus peticiones de información. Mientras, indicó Fernández, las familias afectadas, que «han hecho un gran esfuerzo para comprar una vivienda», se encuentran que su proyecto se «ve truncado por la actuación ilegal de unos y la falta de respuesta de otros».

Y es que los vecinos denuncian que ni el juzgado «les ha hecho caso» cuando se le avisó de las ocupaciones ni el Sareb, que «está al corriente de todo», ha «hecho nada». «De un año para acá ha empeorado la situación», detallan, es «imposible mantener la limpieza», «rompen cosas», «no respetan», «destrozan puertas», en algunos casos tienen los «suministros enganchados ilegalmente» y también ha habido algunos «enfrentamientos». Lo que piden es una «solución» que solo les puede dar el Sareb, dicen.

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Por su parte, la sociedad, perteneciente al Estado, asegura que les consta el problema y que comenzarán a actuar en el momento que las viviendas se inscriban definitivamente a su nombre. Será entonces cuando hagan una valoración de los inmuebles «uno por uno» para comprobar la situación y ver si las personas que están en el interior son personas «vulnerables» y, según el protocolo, se procederá junto a un trabajador social a intentar que accedan a ayudas públicas, se inscriban a una bolsa de empleo y paguen un alquiler social.

Será distinto si son «conflictivos» y no vulnerables, expresa la sociedad, sí se acudirá al juzgado para pedir el desalojo y los plazos dependerán entonces de la justicia.