Verónica Casado propone un pacto por la sanidad en Castilla y León para evitar que se politice

Casado, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas básicas de su proyecto, destacó que sus principales objetivos son la «efectividad y la eficiencia», y apuntó que aunque el actual sistema cuenta con numerosos indicadores positivos, entre ellos el barómetro sanitario, es necesario romper con el «continuismo de prácticas» y mejorar los modelos organizativos.

La consejera declaró que algo está fallando cuando el presupuesto de la Consejería de Sanidad, departamento que dispone de más de un tercio de los recursos de la Comunidad, no es suficiente para garantizar la calidad del sistema, a la vez que criticó el desfase entre la previsión de gasto real y el presupuestado. «La sanidad requiere una financiación pública adecuada y suficiente, que tenga en cuenta las características del territorio», sentenció.

En este sentido, además de tender la mano a todos los grupos parlamentarios y reclamarles la «despolitización de la sanidad», pidió a los procuradores socialistas «responsabilidad y lealtad» para que insten al Gobierno central, cuando se conforme, a elaborar unos presupuestos que «nos permita tener un nuevo techo de gasto y mayor capacidad de maniobra para mejorar la atención».

Verónica Casado situó la falta de especialistas y las masivas jubilaciones que se producirán en los próximos años como segundo problema de la sanidad de Castilla y León, por detrás de la financiación.

En materia de transparencia, la consejera se planteó como retos reducir las listas de espera, tanto de intervenciones quirúrgicas como en consultas y pruebas diagnósticas, impulsar el portal de transparencia y comparecer anualmente ante la Comisión de Sanidad de las Cortes. A su vez, también promoverá la libre elección de hospital y el impulso de las consultas en alta resolución como método ordinario para todos los pacientes que residan más allá de 50 kilómetros del hospital de referencia.

Eliminar la precariedad y la interinidad de los profesionales, integrar al personal de Área en los equipos de Atención Primaria y dotar a los centros de salud de los medios diagnósticos que aumenten su capacidad de resolución, son otros de los objetivos. Además, también se comprometió a eliminar la libre designación de los mandos intermedios y a poner en marcha un estudio de las vías de reversión de la concesión del Hospital Universitario de Burgos, «siempre que no suponga un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León, creando para su estudio un grupo de trabajo en el que participe el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria», informa Ical.