Sáez: «La alternativa a contratar médicos sin MIR es suspender urgencias»

El consejero trató de justificar su iniciativa en que otras comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Valencia, también llevan a cabo esta práctica. «El planteamiento es, ante el déficit de médicos, qué debe hacer la administración si se pone en riesgo la asistencia sanitaria», señaló, si bien parte de la base de que «un médico de familia, y así lo dicen las normas, debe ser especialista, pero ante la eventualidad de tener que suspender la atención a las urgencias en algún punto hay que buscar soluciones porque nuestra obligación es prestar asistencia a la población».

Sáez Aguado insistió en el planteamiento de que la situación derivada del déficit de médicos es «extrema» y de ahí que sean necesarias «medidas excepcionales», como la que ayer se puso sobre la mesa. «Yo comparto que la norma es que los médicos de familia sean especialistas y así lo venimos haciendo», afirmó el consejero, para quien lo más importante es garantizar la asistencia sanitaria. En cualquier caso, se mostró abierto a ver «otras soluciones y propuestas». Reconoció, además, que «ha habido errores en la planificación» ante una situación que hace ya años que se veía venir, pero insistió en que hay competencias que no son de Castilla y León «porque yo no decido el número de estudiantes de medicina, las plazas MIR o la homologación de títulos de otros países».

Sáez Aguado avanzó que en el Ministerio «empieza a cuajar la idea de una convocatoria extraordinaria de MIR en medicina de familia y comunitaria», una medida que paliaría el déficit en esta especialidad.

Mientras el consejero hacía estas declaraciones, la Mesa Sectorial de Sanidad, presidida por el gerente regional de Salud, Rafael López, en la que están representados los sindicatos médicos y los de clase, se reunió ayer como estaba previsto con la propuesta de la Consejería como uno de los puntos a debatir . Pero además de presentar la propuesta de baremación para los contratos, se llevó una instrucción en la que se plantea el procedimiento para contratar en Atención Primaria médicos de familia sin la formación MIR. Así, se propone como primera opción que se pueda recurrir a un profesional que tenga otra especialidad pero, si aún así no se encuentra, la siguiente alternativa sería un médico sin ella, al que se le harían contratos por seis meses prorrogables. No obstante, dichas plazas se mantendrían mientras durase la situación de excepcionalidad o hasta que se encontrase un profesional con la formación de médico de familia.

Fuentes de la Consejería apuntaron que aunque la instrucción iba a entrar en vigor en el momento de su firma -está fechada el pasado viernes- se esperará a los contactos con los sindicatos y, sobre todo, al encuentro que hoy mantendrá el consejero con la presidenta de la Sociedad de Médicos de Familia, Elvira Callejo. Ésta insistió ayer en su rotundo rechazo a una instrucción que se denunciaría en el juzgado si se llega a aplicar.

De momento, todos los representantes sindicales (CESM, Satse, SAE, CC.OO., UGT y CSIF) mostraron su rechazo unánime al planteamiento de la Consejería. «No estamos de acuerdo, no existe la excepcionalidad de la que habla y, además, es una medida ilegal desde 1995 que prohibe la normativa europea», señaló el vicesecretario del Sindicato Médico CESM en Castilla y León, José María Soto. Según señaló a ABC, la Consejería no se puede saltar una normativa con más argumento de que hay algunas sentencias a favor cuando, además, hay otras alternativas.

Soto manifestó que «todavía hay cosas que se puede hacer, como llevar a cabo un cambio en el modelo organizativo actual, si es que no se puede llegar a todos los consultorios, recurriendo a fórmulas para redistribuirlos, como puede ser el transporte a la demanda o actuaciones concretas para fidelizar a los médicos. «Nada de eso se ha tenido en cuenta», señaló y advirtió de que «no podemos ser cómplices de medidas ilegales y que lo hagan otras comunidades no lo justifica.

Durante la Mesa Sectorial los responsables de la Consejería anunciaron su intención de convocar a principios de febrero el concurso de personal abierto y permanente que tendrá especiales efectos entre los médicos de familia. Además, se explicó que los servicios jurídicos de la Junta buscan actualmente el «camino legal» para dar cobertura a los incentivos económicos que se aplicarían para poder cubrir las plazas de difícil cobertura, una opción que hasta ahora había rechazado el departamento de Sáez Aguado.