De la Riva insiste en que no era consciente de haber cometido ninguna irregularidad con las comfort letter

Hacia las diez de la mañana, el exregidor llegó a la Audiencia acompañado por Sánchez, y durante su declaración insistió,como ya hizo en la instrucción, en que en todo momento consideró que las «comfort letter» que suscribió en 2008, 201o y 2011, era una «carta» y nunca un aval financiero.

«Lo que yo firmo es una carta y no era consciente del alcance que podía tener ese documento», refirmó. Y es que, al parecer, con esas cartas de conformidad lo que hacía el Ayuntamiento era comprometer 100 millones de euros de los 400 del crédito que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad había acordado para financiar la operación del soterramiento en la ciudad . Y todo ello sin seguir la tramitación oportuna, según resaltan tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el actual Consistorio.

Y es que, «aunque ahora todo el mundo sepa mucho de comfort letter, en ese momento -en 2008- se desconocía qué era y en el Ayuntamiento nunca se había tramitado ninguna », manifestó el exprimer edil. Tampoco nadie le advirtió de la trascendencia económica que eso podía tener y estaba convencido que se trataba únicamente de una carta, porque además así era su formato, en la que el Ayuntamiento mostraba un «apoyo» a la Sociedad y para que su consejero delegado acordase las condiciones más ventajosas para el proyecto con las entidades.

Por eso tampoco planteó en ningún momento que esa documentación tuviera que ser revisada por el secretario y el interventor del Consistorio ni derivó la cuestión para su aprobación en el pleno, afirmó. De hecho, aseguró que lo habría hecho de haberlo sabido y que además, « podría haber obtenido la tramitación sin dificultad desde el punto de vista político y económico».

Tras una hora de declaración de De la Riva, el turno ha sido para Manuel Sánchez , exedil de Infraestructuras y Movilidad, que formaba parte, al igual que el exalcalde del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. En su caso, aseguró, se limitaba únicamente en las cuestiones que tenían algo que ver con su departamento, pero nunca en las económicas , en las que era «un profano», llegó a decir. Si otorgó su voto a favor en algunas de las reuniones en las que se trataron asuntos financieros fue porque «daba por hecho que todo lo que se hacía allí está bien hecho».

Por último, declaró el exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco que aseguró desconocer que se habían firmado las cartas de conformidad e insistió, al igual que De la Riva, que en ese momento, prácticamente nadie sabía qué significa ese documento.

No intervino en el proceso, dijo, porque la Sociedad era una entidad independiente del Ayuntamiento y, por lo tanto, él tenía «poco margen de maniobra» en esta materia, que según dijo, no tenía nada que ver con sus competencias en el Consistorio y no ha generado «ningún perjuicio económico» a las arcas municipales.

De la Riva se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de prisión y 27 de inhabilitación acusado de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, mientras que el Consistorio solicita tres años de prisión y otros nueve de inhabilitación.

En el caso de los exconcejales, para cada uno de ellos el ministerio público demanda 24 años de inhabilitación y siete, según la solicitud del Ayuntamiento.

El juicio continúa mañana con la declaración de testigos, entre los que se encuentra el actual alcalde, Óscar Puente.