De la Riva alega que como ginecólogo no sabía que era una «comfort letter»

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vieron ayer el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria de León de la Riva y dos exconcejales del Ayuntamiento vallisoletano dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid.

El ex alcalde, citado a petición de la Fiscalía, que es la única parte que recurrió la sentencia absolutoria, ha expresado su sorpresa por «la insistencia del Ministerio Fiscal en que tenía que conocer lo que era una carta de conformidad cuando, tanto en la fase de instrucción como en la vista ante la Audiencia provincial, el secretario general del Ayuntamiento y el interventor reconocieron que era un documento que no se había utilizado nunca en el Ayuntamiento de Valladolid y ellos tampoco conocían su trascendencia».

En su opinión, es «difícil justificar que el alcalde, ginecólogo de profesión, tenga que tener unos conocimientos que los máximos responsables de los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento han confesado tener que no poseían».

En apenas una hora, el presidente del Tribunal, José Luis Concepción, dio por concluida la vista de la impugnación presentada por el Ministerio Fiscal para dar trámite de audiencia a los acusados que resultaron absueltos en primera instancia. La Fiscalía se ratificó en que no solo hubo una actuación imprudente sino que existió falsedad de form «libre, voluntaria y consciente» por parte de los tres acusados, el ex-alcalde y los concejales Alfredo Blanco Montero y Manuel Sánchez Fernández, también na la sala.

Por otro lado, aseveró que el «daño a la causa pública no tiene por qué ser un daño evaluable económicamente, aunque en este caso si no interviene el Ministerio de Fomento, la situación para el Ayuntamiento de Valladolid hubiese sido bastante crítica». En este sentido, remarcó que «es un daño a la causa pública como tal».

Por su parte, los abogados de la defensan insistieron en que los políticos no tenían el conocimiento jurídico suficiente para conocer las consecuencias de un instrumento novedoso como las «comfort letter» y, por lo tanto, no pudo existir dolo o mala fe en la firma de las mismas. Además, rebatieron las carencias de la prueba documental que expuso la fiscal, la falta de comunicación con los servicios técnicos del Ayuntamiento en la firma de las tres cartas por parte del ex-alcalde porque no estaban obligados a informar, y negaron perjuicio económico alguno para la institución porque el préstamo lo pagó el Ministerio de Fomento.