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El TSJ plantea a las partes una posible inconstitucionalidad de la Ley de Caza

La normativa fue aprobada en marzo para dar respuesta a la suspensión cautelar de la práctica cinegética en la Comunidad

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, con la que la Junta, con el respaldo de las Cortes, trató de dar respuesta a la suspensión cautelar judicial de la práctica cinegética que pesaba sobre la Comunidad.

La modificación de la Ley de Caza, a juicio de los Magistrados, «podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la administración de la anterior resolución judicial» que establecía la veda total y condicionar la resolución del recursos de reposición interpuesto por la Junta, que está pendiente de pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según han informado desde el TSJ.

Esta providencia de consulta es un trámite obligado y «no prejuzga la decisión final que adopte la Sala tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal», insisten desde el Tribunal, que aún no se ha pronunciado.

La fórmula de modificar la Ley de Caza para dar la vuelta a la suspensión de la actividad implicaba que no podía ser recurrida y en consecuencia suspendida por los tribunales, y que el único recurso que cabría era acudir al Constitucional, un paso que sólo se puede dar de oficio o a instancias del presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores.

Desde PACMA, autor de la denuncia contra la normativa autonómica que desembocó en el mes de febrero en la citada suspensión, han acudido al Defensor del Pueblo para que solicite el recurso ante el Constitucional por lo que entienden que fue una «maniobra de los partidos políticos, que demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores» con una «artimaña, por la puerta de atrás, era una burla al sistema judicial».