Nueva Ley de Caza: se abre la veda de la discordia

El pasado 17 de enero finalizó el trámite de información pública con un total de 162 alegaciones presentadas por colegios profesionales, asociaciones turísticas, Federación de Montañismo y Deportes de Escalada, Opas, guardas jurados y agrupaciones micológicas, así como la Federación Regional de Municipios y Provincias y numerosos ayuntamientos y juntas vecinales. Entre ellos, cobran protagonismo las de cazadores y ecologistas, que muestran puntos de choque en varias cuestiones recogidas en el texto.

La prioridad o no de la caza sobre otros usos de los terrenos en los que se desarrolla esta práctica es el primer punto de fricción entre los dos «bandos», que no coinciden entre ellos, aunque uno sí respalda en este aspecto el anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León . El mismo se pronuncia a favor de la práctica cinegética sólo en el caso de cacerías colectivas, asociadas a la caza mayor.

En este sentido, las asociaciones ecologistas en Castilla y León en sus alegaciones conjuntas tachan de «privilegio» que se otorgue esa preferencia «frente a otros usos en vez de regularlos para que no entren en conflicto». Mientras, desde la Federación de Caza, defienden esa «prioridad» y argumentan, por su parte, que se trata de una práctica que «implica un coste» y que la «siniestralidad» de la actividad cinegética con respecto a otros usuarios del campo «es casi nula». Resaltan que ello se acota a «tres o cuatro días al año» y no a la caza menor respecto a la cual la normativa llama a que usuarios y cazadores «eviten las situaciones de riesgo», así como «molestar» o «dificultar» otras actividades con las que coincidan.

El otro escollo común gira en torno a la caza en días de nieve . Aquí no sólo no coinciden entre ellos, si no tampoco con el texto propuesto por la Junta, que permite la caza menor con diez centímetros de espesor y la mayor con cuarenta. Unos ven exceso y otros defecto. Para los ecologistas dificulta la capacidad de escapatoria de las especies a las que resulta más evidente seguir su rastro por las huellas; y la Federación pide que las cacerías sean posibles por debajo de los treinta centímetros y estima que este grosor no «reduce la capacidad de defensa de las piezas».

Más allá de estos puntos en común las alegaciones de unos y otros van por distintos derroteros. Los ecologistas ahondan en lo que aprecian como un error de base. Y es que aseguran que la normativa se sustenta sobre estudios que «no han sido actualizados durante décadas» , lo cual ha motivado que varias normativas medioambientales hayan recibido varapalos judiciales justificados en esa ausencia de informes recientes. Una situación que entienden estos alegantes que provoca conflictos con algunas especias sujetas a «vaivenes por el cambio climático y las dinámicas poblacionales» ante los que verían más acertado una regulación vía decreto u orden y no por ley. Ponen de ejemplo cómo la tórtola común se la ha considerado especie cinegética pero sus estimaciones apuntan a un «claro descenso» de ejemplares. Reclaman, además, la ampliación de zonas de seguridad o cambios en el certificado de aptitud de cazador.

Por su parte, la Federación de Caza ahonda también en sus alegaciones en cuestiones como el control de capturas tras el lance y la guardería obligatoria, que en el primer caso ven «inviable en términos de aplicación, de dudosa legalidad y muy cuestionables para la propia dignidad del cazador». En el segundo supuesto, creen que se añadiría un nuevo coste «que puede ser el último golpe para muchos cotos, que no soportarían esa carga y desaparecerían».