Castilla y León se rebela contra la prohibición de la caza

Partidos políticos, organizaciones agrarias, Federación Regional de Municipios y Provincias (FEMP), Colegio de Ingenieros de Montes y Federación Regional de Caza, entre otros, han alzado la voz contra la medida decretada por el tribunal vallisoletano que supone un auténtico torpedo en la línea de flotación no solo de la caza, sino, sobre todo, del mundo rural .

El volumen de negocio que genera la caza en Castilla y León, superior a los 500 millones de euros y los 8.000 empleos que dependen de ella, son datos que avalan la importancia de la actividad cinegética que, además, condiciona la producción agrícola y ganadera pendiente siempre de los daños que puedan provocar los animales salvajes.

La Sala de lo Contencioso , con sede en Valladolid y presidida por la magistrada Ana María Martínez Olalla, argumentó el auto por el que se suspende el decreto de la Junta de Castilla y León, entre otras cosas, en que «no consta que se hayan utilizado estudios científicos objetivos» para determinar las especies cinegéticas y los cupos. Apunta también que el llamado sistema de censo, seguimiento y estudio de las especies se nutre de una información recopilada para otros fines. Unos argumentos que fueron asumidos por otros dos magistrados del tribunal, junto a la presidenta. No ocurrió lo mismo con el cuarto juez, Felipe Fresneda, que emitió un voto particular en el que advierte de los perjuicios que puede ocasionar. A saber: «Daños en el ecosistema, siniestralidad viaria, impacto económico para los titulares cinegéticos, impacto negativo en la economía y el empleo de Castilla y León, daños en la agricultura, en la sanidad animal y en la hacienda pública».

Con este panorama, la Junta de Castilla y León , a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente buscó la alianza de los grupos parlamentarios en las Cortes autonómicas para poder «salvar» la suspensión decretada por el tribunal y que la caza volviese a ser posible. La salida se ha encontrado de forma rápida en forma de proposición de ley, que ya ha entrado en el Parlamento regional y que contará con el apoyo de la mayoría de los grupos, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos, además del único procurador de la Unión del Pueblo Leonés. No se ha querido sumar al acuerdo el parlamentario de IU ni Podemos (con diez escaños), si bien en este último caso su portavoz, Pablo Fernández, ha mostrado públicamente su apoyo a la actividad cinegética. La iniciativa se convertirá en ley en el pleno del 27 de marzo, el último antes de que se disuelvan las Cortes regionales. Se trata, de esta forma, de asentar con rango de ley a las especies definidas como cinegéticas que puedan soportar una extracción de ejemplares ordenada y controlada administrativamente, así como un régimen complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no comprometa el estado de conservación de las mismas.

Se busca, en definitiva, de un intento de blindar la caza , un fin para el que se ha conseguido el consenso político de las fuerzas mayoritarias de la Comunidad. La iniciativa ha sido aplaudida por las organizaciones agrarias que veían con auténtico temor las consecuencias de que no se pudiese cazar, más aún en un momento en el que en determinadas zonas los conejos están haciendo auténticos estragos en los cultivos. La ganadería es otra gran perjudicada, si bien en este caso entra en escena el lobo, animal cuya regulación al norte del Duero (al sur está prohibido por la legislación europea) ha sido reiteradamente tumbada por el mismo tribunal, de forma que no se puede abatir lobos en ninguna zona de la región, mientras el número de ejemplares sigue en aumento y, con ello, los ataques al ganado, sobre todo en Ávila y Zamora. La ley que se aprobará en marzo incluye a este mamífero como especie cinegética, por lo que cabe pensar que pueda volver a entrar en los planes de caza.